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El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social recibió 75 postulaciones para el concurso de Fiscal General del Estado. El proceso continuará con la verificación de requisitos y la revisión de posibles inhabilidades.
Un total de 75 postulantes para el concurso de Fiscal General del Estado recibió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tras el cierre del plazo, a la medianoche del 3 de marzo, se informó inicialmente que 74 juristas habían inscrito su nombre para participar en este proceso de designación.
Según Andrés Fantoni, presidente del Consejo, del total de postulaciones, 23 corresponden a mujeres y 52 a hombres, entre mestizos, afroecuatorianos y montuvios, procedentes de las provincias de Azuay, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Napo, Pastaza, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos. No se registraron postulaciones desde el exterior.
El número definitivo de aspirantes a dirigir esta institución, encargada de la investigación penal, se confirmará una vez concluyan las verificaciones administrativas finales.
Fantoni aseguró que el concurso continuará conforme a cada una de las fases planificadas, de acuerdo con la normativa y el reglamento aprobado. “La responsabilidad recae en la Comisión Ciudadana de Selección, que dirige este proceso importante”, señaló.
Entre las figuras más conocidas constan José de la Gasca, abogado guayaquileño y exministro de Gobierno; Carlos Leonardo Alarcón, fiscal general subrogante; Daniella Camacho Herold, jueza de la Corte Nacional de Justicia; y Walter Samno Macías, exjuez nacional.
Una vez notificadas las postulaciones, el consejero David Rosero indicó que tanto el Consejo como la Comisión Ciudadana deberán verificar que los aspirantes cumplan los requisitos y no estén incursos en prohibiciones.
El Pleno del CPCCS principalizó a Santiago Ribadeneira y Ericka Aguaguiña como miembros de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para Fiscal General del Estado. Los cambios se ejecutaron debido a la dimisión de la excomisionada Natalia de Jesús Guarnizo y a la ausencia prolongada del excomisionado Wellington Andachi, con el fin de garantizar la continuidad del proceso.
