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Se sigue la ruta de Progen y apunta a una red de empresas y personas, según la investigación del caso Progen se indentifica a 29 empresas y varios beneficiarios finales.
La supuesta ruta del dinero del caso Progen es reconstruida por el Gobierno Nacional con el apoyo de la cooperación de los Estados Unidos y la posible aplicación de la Ley Rico.
José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, informó en un video difundido en redes sociales que se ha identificado a los presuntos beneficiarios de recursos estatales provenientes de los contratos suscritos con Progen.
En agosto de 2024, en el marco de la crisis eléctrica que llevó a Ecuador a enfrentar apagones, se suscribieron dos contratos —Quevedo y Salitral— entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) y la empresa Progen Industries LLC, de Estados Unidos, para la generación de 150 megavatios de energía por un monto de USD 149 millones.
Según el Gobierno, la investigación financiera no solo revisó los contratos, sino que también reconstruyó el recorrido de las transferencias realizadas con el dinero proveniente de dichos acuerdos.
Neira aseguró que se identificó una red de empresas y personas que se habrían beneficiado de recursos públicos utilizando a Progen como intermediaria. Uno de los hallazgos señala que el dinero permaneció menos de una semana en las cuentas de la empresa estadounidense, por lo que los pagos efectuados por CELEC fueron distribuidos a varias compañías que, desde 2016, mantienen contratos con sectores estratégicos del Estado.
El secretario general indicó que 29 firmas recibieron dinero directamente de Progen. La principal receptora habría sido la subcontratista Astrobryxsa LLC/SA, registrada tanto en Estados Unidos como en Ecuador, que recibió USD 15,2 millones. A su vez, esta empresa habría distribuido esos recursos entre nueve beneficiarios: cuatro personas jurídicas y cinco personas naturales.
Uno de ellos es José Luis Hidalgo Fernández, quien forma parte de un estudio jurídico que patrocina a procesados por delincuencia organizada, entre ellos el prófugo Xavier Jordán. Según el Gobierno, este abogado también habría facilitado el traspaso de bienes dentro de esta estructura.
Asimismo, Hidalgo habría creado y adquirido ocho empresas que facilitaron la distribución del dinero hasta llegar a los beneficiarios finales.
De acuerdo con la versión oficial, Hidalgo habría adquirido bienes de manera directa y a través de sus empresas sin una justificación aparente, pues declaró ingresos por USD 100.000, mientras que registra acreditaciones superiores a USD 500.000 en el sistema financiero nacional.
Otra de las presuntas beneficiarias finales del entramado sería Karla Saud, quien habría administrado más de USD 162.000 para gastos personales.
Según la información presentada, Saud es media hermana de Alex Dueñas, quien se desempeñó como asesor de la Gerencia de CELEC, por lo que, debido a presuntos vínculos familiares, se habría facilitado la adjudicación de los contratos.
Por su parte, José Walter Manrique Suárez figura entre los presuntos favorecidos. Según el informe, habría transferido más de USD 2,3 millones a diez beneficiarios, entre ellos cinco empresas y cuatro personas naturales, además de registrar consumos personales con esos recursos.
La Secretaría General de Integridad Pública anunció que analizará las medidas necesarias para evitar que estos presuntos actos de corrupción queden en la impunidad. Además, informó que solicitó a la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador que evalúe la aplicación de una ley federal que sanciona a empresas estadounidenses involucradas en el presunto pago de sobornos.
Asimismo, la entidad indicó que puso esta información en conocimiento de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para que, en el ámbito de sus competencias legales y técnicas, determine la posible existencia de operaciones inusuales o injustificadas y evalúe la adopción de medidas como la inmovilización de fondos.
