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El asambleísta Andrés Castillo afirmó que el caso Progen debe derivar en responsabilidades políticas, penales y civiles, además de la recuperación de los USD 104 millones. También anunció que la Comisión de Seguridad continuará convocando comparecientes dentro de la investigación a Segura EP.
El asambleísta Andrés Castillo (ADN) afirmó que no solo se debe identificar a los responsables políticos en el caso Progen, sino también recuperar los USD 104 millones que CELEC entregó por los contratos de las centrales Quevedo y Salitral.
«Vamos a trabajar para que haya responsables políticos, si los hay; para que existan responsables penales y vayan a la cárcel; y para que haya responsables civiles que devuelvan el dinero», sostuvo.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) inició el trámite del juicio político contra la exministra Inés Manzano, planteado por los asambleístas Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna.
Castillo señaló que el caso Progen estalló en 2024 y que el CAL, entonces presidido por Viviana Veloz, trasladó el proceso de fiscalización desde la Comisión de Fiscalización hacia la Comisión de Participación Ciudadana, controlada por el correísmo, debido a problemas internos.
Ese cambio se produjo en noviembre de 2024. Según el legislador, la Comisión de Participación Ciudadana dispuso de siete meses para desarrollar el proceso de fiscalización, pero no lo hizo. Con el inicio del nuevo período legislativo, el caso pasó a la Comisión de Fiscalización, presidida por Diana Jácome, donde se retomó la investigación y se elaboró un informe.
El legislador oficialista añadió que la aparición de audios, la investigación sobre la ruta del dinero y la contratación de abogados por parte del Gobierno Nacional en Estados Unidos, con base en la Ley RICO, buscan determinar el destino de los recursos entregados a Progen.
Por ello, indicó que se solicitó a la Fiscalía General del Estado vincular al proceso a todas las personas naturales y jurídicas que presuntamente participaron en la ruta del dinero.
Procesan informe del Caso Segura EP
En otro tema, Castillo informó que la Comisión de Seguridad ya procesa la información relacionada con Segura EP, en cumplimiento de la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional que dispuso iniciar un proceso de fiscalización para identificar las presuntas irregularidades y sus implicaciones.
Los integrantes de la comisión se fijaron un plazo de 60 días, contado desde el 22 de junio, para desarrollar la investigación. Entre las primeras comparecencias estuvieron las de John Reimberg, ministro del Interior, y Pablo Dávila, comandante general de la Policía Nacional.
De esas intervenciones surgieron los nombres de Fernando Cornejo y Franklin Asqui, así como representantes de Telconet, quienes serán convocados a comparecer en los próximos días.
Castillo agregó que, a medida que se recepten nuevas comparecencias y se recopile más información, se convocará a cualquier otra persona que aparezca vinculada con la investigación.
