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Con 139 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Extradición, una normativa que actualiza el marco legal vigente tras 26 años, fortalece la seguridad jurídica y otorga al presidente de la República la decisión final sobre los procesos de extradición pasiva.
Con el voto favorable de 139 asambleístas de las bancadas Acción Democrática Nacional (ADN), Revolución Ciudadana (RC), Pachakutik, Partido Social Cristiano (PSC) e independientes, la Asamblea Nacional aprobó este 7 de julio el Proyecto de Ley Orgánica de Extradición.
Según Rosa Torres, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, los legisladores de Revolución Ciudadana fueron conscientes de la necesidad de aprobar esta normativa. A su criterio, de no haber respaldado el proyecto, habrían enviado un mensaje claro a la ciudadanía de que no estaban a favor de esta iniciativa.
Cabe recordar que, en la sesión ordinaria de la Comisión realizada el pasado 16 de junio, el informe para segundo debate fue aprobado con siete votos a favor, dos en contra —correspondientes a legisladores de Revolución Ciudadana— y una ausencia.
Por su parte, la asambleísta de RC, Viviana Veloz, anticipó que su bancada votaría a favor del proyecto, aunque sostuvo que esta ley, por sí sola, no constituye la solución al problema de la inseguridad.
Torres, quien fue la ponente del informe, explicó que la normativa actualiza una ley que no había sido reformada en 26 años. Entre los principales cambios, destacó que establece con mayor claridad las competencias y responsabilidades de las autoridades involucradas, además de fortalecer la seguridad jurídica.
«No podemos continuar combatiendo el crimen organizado con leyes que datan del siglo pasado. El crimen organizado y el narcotráfico evolucionan; por lo tanto, la ley también debe actualizarse».
Durante la elaboración del proyecto se consultó a 30 expertos en seguridad y académicos vinculados a la sociedad civil. El asambleísta oficialista Kevin Gallardo afirmó que la norma se ajusta a estándares internacionales y no vulnera derechos fundamentales, ya que garantiza, entre otros aspectos, el derecho a la vida de las personas que sean extraditadas.
La reforma responde al mandato ciudadano expresado en el referéndum de 2024, promovido por el presidente de la República, en el que los ecuatorianos respaldaron la extradición de nacionales requeridos por delitos graves, como el narcotráfico, para que sean juzgados en sistemas judiciales de otros países.
La normativa establece que la decisión final sobre toda extradición pasiva corresponderá exclusivamente al presidente de la República. De esta manera, el Ejecutivo podrá resolver cada caso, incluso cuando su criterio difiera del dictamen emitido por la Corte Nacional de Justicia.
Sobre este punto, el asambleísta de Revolución Ciudadana por Santa Elena, César Palacios, cuestionó que la ley otorgue al presidente la decisión definitiva, independientemente del pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia.
El proyecto será remitido al Ejecutivo para su sanción u objeción. Finalmente, Rosa Torres precisó que la ley prohíbe las extradiciones hacia países donde puedan vulnerarse los derechos fundamentales de las personas requeridas y excluye de este procedimiento a quienes sean acusados de delitos políticos.
