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Las defensas de los 20 procesados expusieron sus alegatos finales en el juicio por presunto cohecho del caso Sinohydro. La Fiscalía mantiene su pedido de seis años y seis meses de prisión, además de multas y reparación integral para los acusados.
Las defensas de los 20 procesados, entre autores directos y cómplices, incluidos exfuncionarios de alto nivel y empresarios, presentaron sus alegatos de cierre en la audiencia de juicio por presunto cohecho dentro del caso Sinohydro.
Este proceso penal está relacionado con la adjudicación del contrato para la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.
La principal novedad de la jornada número 30 fue la asistencia del expresidente de la República, Lenín Moreno, y de su esposa, Rocío González, quienes estuvieron presentes en la Corte Nacional de Justicia, donde se desarrolla este juicio.
David Meza, abogado de Lenín Moreno, afirmó que su cliente no firmó ningún documento ni pudo solicitar financiamiento alguno. Añadió que, según el testimonio de Alecksey Mosquera, ese financiamiento habría sido solicitado por el expresidente Rafael Correa. El jurista manifestó que, una vez que se dicte la sentencia, espera que el Tribunal ratifique el estado de inocencia del exmandatario, ya que, a su criterio, no tuvo participación activa en el proceso de contratación. Por ello, sostuvo que la acusación responde más a un relato mediático que a fundamentos jurídicos.
Horas antes, el fiscal general del Estado (e), Leonardo Alarcón, presentó su alegato de cierre en el juicio contra las 20 personas procesadas por presuntamente recibir o entregar pagos indebidos para asegurar la adjudicación del contrato.
El caso se centra en un presunto esquema de sobornos para obtener la adjudicación del contrato del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.
Según la Fiscalía, en este presunto esquema se habrían distribuido 76,1 millones de dólares. Esos recursos, que presuntamente provendrían de los sobornos, habrían sido canalizados a través de cuentas en paraísos fiscales.
El fiscal solicitó una pena de seis años y seis meses de prisión para los procesados, incluido Lenín Moreno, además de multas e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Asimismo, requirió que la reparación integral a favor del Estado se calcule sobre los 76,1 millones de dólares acreditados mediante una pericia especializada.
Finalmente, la Fiscalía solicitó que los procesados ofrezcan disculpas públicas y que se coloque una placa conmemorativa en el complejo hidroeléctrico.
