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La Fiscalía informó que ha recibido 60 informes de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal relacionados con gobiernos autónomos descentralizados. Durante una sesión de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, legisladores cuestionaron la diferencia entre los registros de ambas instituciones y solicitaron esclarecer el destino de más de un centenar de informes remitidos para investigación.
Un total de 60 informes de la Contraloría General del Estado, en los que se determinan indicios de responsabilidad penal que involucran a gobiernos autónomos descentralizados (GAD), han ingresado a la Fiscalía General del Estado a escala nacional.
De esa cifra, Israel Carrión, coordinador general de Asesoría Jurídica de la Fiscalía General del Estado, explicó que 19 casos corresponden a Guayas, ocho a Santo Domingo, seis a Tungurahua y cuatro a Cotopaxi y Morona Santiago, respectivamente, provincias que concentran el mayor número de registros.
Además, existen tres casos en Pastaza; dos en Azuay, Pichincha, Chimborazo, Sucumbíos y Manabí, respectivamente; y uno en Imbabura, Loja, Napo, Orellana, Cañar y Zamora Chinchipe.
Estos informes corresponden al período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 10 de julio de 2026 y fueron presentados a los integrantes de la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional.
Nathaly Farinango, presidenta subrogante de la Comisión, señaló que mientras la Contraloría General del Estado reporta más de 400 informes con indicios de responsabilidad penal desde 2016, las cifras de la Fiscalía difieren de ese número, por lo que buscan esclarecer las diferencias.
«¿Qué pasó con los otros informes? Por eso se desarrolla esta investigación para conocer, analizar y dar seguimiento a los hechos relacionados con los informes de la Contraloría General del Estado que involucran a los gobiernos autónomos descentralizados», manifestó Farinango.
Carrión informó ante la Comisión que 29 de esos informes han sido archivados, mientras que ocho permanecen en investigación previa, ocho concluyeron con sentencia condenatoria, cinco finalizaron con sobreseimiento y tres ratificaron el estado de inocencia. El resto se encuentra en etapas de instrucción fiscal, llamamiento a juicio o en procesos de extinción de la acción penal.
El coordinador general explicó que la mayoría de los informes con indicios de responsabilidad penal están relacionados con presuntos delitos de peculado, tráfico de influencias, falsificación de documentos y firmas, y enriquecimiento ilícito.
Por su parte, Liliana Durán, asambleísta de Revolución Ciudadana, indicó que la Resolución 091 señala que, entre 2024 y 2026, la Contraloría practicó 741 auditorías, de las cuales 206 contienen indicios de responsabilidad penal, por lo que se instó a la Fiscalía a priorizar su análisis, investigación y eventual judicialización.
Finalmente, la asambleísta Mónica Alemán manifestó que es pertinente que la Contraloría explique qué ocurrió con más de 150 casos que fueron remitidos a la Fiscalía.
