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La Comisión de Fiscalización tiene cinco días para elaborar el informe del juicio político contra la exministra Inés Manzano. El documento podrá recomendar el archivo del caso o su censura, tras evaluar las pruebas, los testimonios y las presuntas responsabilidades derivadas de los casos ATM y Progen.
Los integrantes de la Comisión de Fiscalización tienen un plazo de cinco días para presentar el informe sobre el juicio político en contra de Inés Manzano, exministra de Ambiente y Energía.
Luigi García, asambleísta por Pichincha e integrante de la Comisión, señaló que tienen previsto valorar las pruebas remitidas y los testimonios rendidos durante el proceso para elaborar el informe que será conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional.
En ese informe se podrá sugerir el archivo del caso o recomendar la censura de la exsecretaria de Estado. En cualquiera de los escenarios, los integrantes de la Comisión deberán sustentar y defender la decisión que adopten. Por eso, si es necesario los miembros de la Comisión podrían pedir una prorrogada de cinco días más.
García indicó que los hechos debían ser probados dentro de la Comisión, por lo que el informe se basará en las pruebas presentadas. Además, informó que solicitó a la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) y a la Presidencia de la República documentación de oficio para sustentar el informe.
Los proponentes del juicio político contra Inés Manzano hicieron referencia a dos desembolsos: uno por 53 millones de dólares y otro por 13 millones de dólares, que, según sostienen, fueron realizados durante su gestión como ministra.
El eje central del juicio político es el denominado caso ATM, en el que constan contratos suscritos por CELEC y Electroguayas. Según los proponentes, estos hechos evidenciarían un presunto incumplimiento de funciones constitucionales por parte de Manzano, motivo por el cual solicitan su censura.
El legislador oficialista explicó que el presunto perjuicio al Estado no está en debate, pues reconoció que existieron anomalías en los contratos relacionados con los casos ATM y Progen.
García considera que lo que está en discusión es la individualización de las responsabilidades de las personas a quienes se busca censurar. Agregó que no se puede sancionar políticamente a una funcionaria por hechos que escapan a sus competencias.
«Si queremos hablar de responsabilidad política, debemos analizar las competencias de cada ministro. Si el perjuicio al Estado ocurrió dentro de su esfera de control y conocimiento, deberá ser censurada; caso contrario, no lo será», afirmó el legislador.
Por su parte, la defensa presentó documentos con los que buscó desvirtuar la acusación, al sostener que los hechos señalados no dependían de la competencia exclusiva de Manzano y que, en los procesos de contratación pública, existen actuaciones que escapan de la esfera de decisión de la ministra.
Los asambleístas de la bancada RC5 también cuestionaron una presunta omisión en la fiscalización del contrato de ATM. Sin embargo, la defensa de la exsecretaria de Estado argumentó que ella fue la principal interesada en que se investigaran estos casos y que emitió diversas circulares para transparentar el proceso.
Manzano no se encuentra en el país. En ese sentido, García manifestó que no observa ningún conflicto legal en que su comparecencia se haya realizado de manera virtual. Añadió que, mientras no exista un requerimiento judicial en su contra en Ecuador, puede actuar libremente.
