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El primer capítulo de la serie «¿Quién ordenó el asesinato de Fernando Villavicencio?» fue transmitido en cadena nacional. Basado en el expediente fiscal del caso, el programa expone documentos, testimonios y la hipótesis de las hijas del excandidato sobre la planificación del crimen y sus presuntos nexos con estructuras políticas y del crimen organizado.
Con una duración de 12 minutos y 15 segundos, este domingo 2 de agosto se transmitió en cadena nacional el primer capítulo de ¿Quién ordenó el asesinato de Fernando Villavicencio?
Este programa se basa en la investigación oficial del caso Magnicidio FV, que incluye chats, conversaciones, transcripciones de audio, extracciones de dispositivos electrónicos, pericias y otros documentos. Las hijas de Fernando Villavicencio, Amanda y Tamia, investigaron a profundidad el expediente fiscal, compuesto por más de 20.000 páginas, para aportar a este trabajo.
Tamia contó que, tras casi tres años, ya no cuentan con los recursos necesarios para sostener la defensa particular. Por ello, solicitaron a la Defensoría Pública que asuma su representación legal.
En este tiempo han participado en el proceso judicial, promovido diligencias y presentado la acusación particular, así como su posterior ampliación.
Además, para contar esta historia solicitaron a la Secretaría General de Comunicación cuatro espacios comunicacionales de interés público para ser transmitidos en cadena nacional.
La investigadora considera que lo que está en juego no es únicamente el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial, que marcó la historia democrática del Ecuador, sino también el destino del país. El hecho ocurrió el 9 de agosto de 2023 cuando salió de un mitín político en el norte de Quito, apenas a 11 días de las Elecciones Presidenciales.
El programa inicia con un video de Villavicencio durante una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, en la que consulta al entonces ministro del Interior, José Serrano, sobre un cheque por 230.000 dólares girado a la orden de María Christiansen y que, presuntamente, estaba firmado por Jorge Cherres. Serrano respondió que sí conocía ese documento.
En el programa también se hace referencia a las investigaciones que Villavicencio realizó durante más de 20 años y que, según se expone, dejaron al descubierto una estructura criminal. Esas denuncias fueron plasmadas en reportajes y libros, además de ser presentadas como periodista, como presidente de la Comisión de Fiscalización, ante la Fiscalía General del Estado y como candidato presidencial.
«No existe crimen organizado sin poder político», recordó Amanda, al referirse a una frase que su padre repetía constantemente y que algunos consideraban exagerada. Por ello, aseguró que sus denuncias siempre estuvieron respaldadas con nombres, apellidos y pruebas.
Las hijas de Villavicencio afirman que continúan investigando a pesar de enfrentar amenazas, hostigamiento, campañas de desinformación y revictimización.
«Ninguna organización criminal puede controlar puertos, cárceles, contratos públicos, policías, jueces o instituciones del Estado únicamente con hombres armados», narró Tamia. Añadió que el crimen organizado también necesita protección, información, dinero e impunidad, y que es allí donde intervienen los políticos.
Durante el programa también se refieren a una fotografía tomada en una piscina de Miami, en la que, entre otros, aparecen Javier Jordán, Leonardo Cortázar y Ronny Aleaga. Según las investigadoras, esa imagen evidenciaría un vínculo entre el crimen organizado y el correísmo.
Por ello, sostienen que la difusión de esa fotografía representó una sentencia de muerte para su padre. Además, explican que la estructura del crimen se divide en tres grandes etapas: planificación, ejecución y encubrimiento, cada una desarrollada a lo largo del capítulo.
Los cuatro capítulos tienen un carácter informativo y pedagógico, por lo que buscan aportar elementos para comprender la dimensión de este crimen, explicar por qué la verdad y la justicia son pilares esenciales de la democracia, visibilizar los derechos de las víctimas y promover una reflexión nacional para evitar que hechos como este vuelvan a repetirse.
