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El ECU 911 informó que los operativos se enfocan exclusivamente en cámaras instaladas sin autorización en espacios públicos. En el segundo operativo ejecutado en Imbabura se retiraron 62 dispositivos, algunos presuntamente vinculados a organizaciones delictivas, mientras que las cámaras ubicadas en propiedades privadas no son intervenidas.
Los operativos de retiro de dispositivos de videovigilancia no intervienen en espacios privados, por lo que los propietarios de inmuebles tienen pleno derecho a instalar cámaras en las fachadas de sus propiedades.
Cecilia Ludeña, coordinadora zonal del ECU 911, explicó que las cámaras no pueden instalarse en espacios públicos, como postes de energía eléctrica, sin la autorización correspondiente. En Imbabura, recientemente se ejecutó un operativo para retirar dispositivos no acreditados.
Se trató del segundo operativo realizado en tres cantones de Imbabura, durante el cual se retiraron 62 cámaras de seguridad instaladas en espacios públicos.
En marzo pasado, durante la primera intervención, se desinstalaron 35 dispositivos de videovigilancia, de los cuales 15 fueron reclamados por sus propietarios.
«Nos han cuestionado mucho porque dicen que retiramos los dispositivos y que les estamos quitando sus cámaras, pero no es así. Nosotros retiramos únicamente las cámaras que no cuentan con los permisos reglamentarios exigidos por la normativa», señaló Ludeña.
Con base en información de inteligencia policial y militar, así como en reportes de la ciudadanía, se procedió al retiro de estos dispositivos instalados en postes y otros bienes de uso público, debido a que esta práctica está prohibida por la normativa vigente.
En las vías se han detectado cámaras irregulares que no cuentan con la resolución de interoperabilidad emitida por el ECU 911. Asimismo, se han identificado dispositivos ilegales vinculados a grupos de delincuencia organizada.
Ludeña explicó que muchos de los equipos retirados estaban asociados con estructuras delictivas, situación que fue detectada por las unidades de inteligencia.
A escala nacional se han ejecutado 61 operativos, en los que también se han desmantelado salas de videovigilancia presuntamente vinculadas a organizaciones criminales.
En Ibarra se desinstalaron cámaras en los sectores de La Florida, Pugacho Alto, Pugacho Bajo, Las Palmas, Azaya, Huertos Familiares y en las parroquias de Lita y La Carolina. En algunos de estos lugares ya se habían identificado puntos durante el primer operativo. Sin embargo, en esta nueva intervención se constató que los dispositivos detectados habían sido reinstalados en sitios distintos.
En el caso de las Fuerzas Armadas, durante los operativos de control de armas, municiones y explosivos que se ejecutan en diferentes zonas del país, también se levanta información sobre la instalación de cámaras de videovigilancia. Según las autoridades, algunos de estos dispositivos han dificultado el desarrollo de operaciones en sectores estratégicos.
Las cámaras que sean reclamadas por sus propietarios podrán ser devueltas, siempre que los ciudadanos presenten la factura de compra y realicen la solicitud correspondiente ante el ECU 911.
En caso de que la ciudadanía desee instalar cámaras en espacios públicos, primero se deben determinar las necesidades del sector. El ECU 911 brinda asistencia técnica sobre el tipo de dispositivos que pueden integrarse a su plataforma mediante interoperabilidad.
Una vez adquiridos e instalados los dispositivos de videovigilancia, los ciudadanos pueden optar por donarlos al ECU 911 o integrarlos a la plataforma mediante interoperabilidad. En este último caso, el ECU 911 realiza la validación técnica y autoriza el punto de conexión, mientras que los propietarios deben asumir el costo mensual del servicio de conectividad.
Si las cámaras son donadas al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, una vez que los equipos entran en funcionamiento, la institución asume los costos de interconectividad.
