Un Tribunal Penal sentenció a dos policías por el asesinato de un ciudadano ocurrido en Cotocollao. Las pruebas presentadas por Fiscalía incluyeron videos, testimonios y pericias balísticas.

Kevin Alexander Ch. fue sentenciado a 34 años y 8 meses de privación de libertad, en calidad de autor directo del delito de asesinato, ocurrido en el sector de Cotocollao, en el norte de Quito, el 30 de agosto de 2025.
Mientras que Joel N., compañero policial, recibió, tras probarse su grado de complicidad, una pena de 11 años y 6 meses de prisión por el mismo delito.
Además, el Tribunal de Garantías Penales, como medida de reparación integral, ordenó que Kevin Ch. pague 15.000 dólares y Joel N., 5.000 dólares a los familiares de la víctima.
Durante la audiencia de juicio, la Fiscalía expuso pruebas como videos de las cámaras de seguridad, que fueron periciados por especialistas y captaron el momento del crimen, ocurrido durante la madrugada.
En una de las imágenes se observa a Kevin Ch. disparando contra el costado izquierdo del vehículo que conducía la víctima.
El hecho ocurrió luego de registrarse un accidente de tránsito. La víctima, de 28 años, se movilizaba en un vehículo junto con un grupo de amigos por el sector de Cotocollao.
El automóvil que conducía impactó contra el costado derecho del vehículo en el que se movilizaban Kevin Ch. y Joel N., quien ocupaba el asiento del copiloto. La Fiscalía sostuvo que, tras el accidente, este último descendió del automotor y disparó con el arma de su compañero.
Posteriormente, se produjo una persecución que terminó en una calle sin salida. De acuerdo con la investigación fiscal, Kevin Ch. utilizó su arma de dotación para disparar al menos cinco veces contra la víctima, quien falleció debido a una hemorragia aguda interna provocada por el impacto de un proyectil en el tórax, según consta en la autopsia médico-legal incorporada como prueba durante el juicio.
Mediante una pericia de microscopía electrónica de barrido, la Fiscalía expuso la presencia de residuos de disparo en los pantalones de los uniformes de ambos policías, elemento que también fue valorado por los jueces.
Los testimonios de los amigos que acompañaban a la víctima también formaron parte del conjunto probatorio. Ellos identificaron a los procesados como quienes ejecutaron los disparos luego del accidente de tránsito.
La Fiscalía incorporó como prueba documental que las armas utilizadas por los policías correspondían a las entregadas en dotación por el Estado.
La fiscal del caso también llamó a declarar al perito que elaboró la inspección ocular técnica. El experto, bajo juramento, reveló que en la escena encontró vainas percutidas cuyo cotejamiento balístico dio positivo con el arma de dotación de Kevin Alexander Ch.
El Tribunal resolvió por unanimidad que las pruebas practicadas por la Fiscalía demostraron la tipicidad del delito de asesinato, pues la víctima se encontraba en situación de indefensión e inferioridad frente a los uniformados, quienes portaban armas de fuego.
Los jueces, al mismo tiempo, acogieron el pedido de la Fiscalía para aplicar la circunstancia agravante, al considerar que los acusados aprovecharon su condición de servidores policiales para cometer el delito.
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