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La Comunidad Ancestral de Salango espera un fallo favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se asegura que el caso puede marcar un hito para los pueblos de la Costa.
La audiencia pública por el Caso Comunidad Ancestral de Salango versus Ecuador se realizará este 20 de mayo de 2025, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco del 176° período ordinario de sesiones que se desarrolla en Guatemala.
Dirigentes de la comunidad de Salango, situada en la costa de la provincia de Manabí, Leonidas Iza, presidente de la CONAIE y abogados del Centro de Derechos Humanos y la Naturaleza de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (CDHN-PUCE) y Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), se encuentran en la ciudad de Guatemala para participar en esa audiencia pública.
El hecho se originó entre el 2000 y 2004. Según Alejandra Montero, abogada del CDHN-PUCE, una tercera persona se apropió incovencionalmente de 34,32 hectáreas de territorio perteneciente a esta colectividad del Pueblo Manta-Huancavilca, que tiene una historia de más de 5 000 años.
El arreglo se hizo sin aprobación de los comuneros, quienes se vieron afectados por el cierre de ingreso de caminos milenarios como el de Río Chico, Los Ostionales y el estero La Canoa y a lugares sagrados como las playas Dorada y Río Chico. Sabino Pincay, dirigente de Salango, señala que la comunidad se ha mantenido luchando por esta propiedad que pertenecería a los habitantes de Salango.
Montero hizo énfasis que ese hecho ocurrió a pesar que el Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales y la Constitución de Ecuador de 1998 prohibían que un territorio comunitario se divida o se fraccione.
A pesar de ello, instituciones públicas habrían dado una errónea interpretación que desconoció las raíces ancestrales de la comunidad de Salango y por ende se negó que sea un sujeto de derechos colectivos. Ese impedimento posibilitó que en el Registro de la Propiedad del cantón Puerto López se inscribiera una escritura pública a favor de una empresa privada.
De acuerdo a INREDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió en el 2022 un informe de fondo reconociendo que el Estado ecuatoriano violó derechos fundamentales de la comunidad, entre los que menciona la propiedad colectiva, garantías judiciales, igualdad ante la ley, derechos culturales y protección judicial. Pero, a pesar de ese informe y haber dictaminado las recomendaciones de reparación oportunas, el Estado ecuatoriano incumplió las recomendaciones emitidas. Por esta razón, en el 2023 el caso fue elevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Leonida Iza, presidente de la CONAIE, considera que si la sentencia de la CIDH es a favor de la comunidad de Salango será un hito para los pueblos de la Costa. “Para nosotros el derecho mayor es al territorio, solo ahí podemos desarrollar nuestro sistema de producción, soberanía alimentaria, medicina ancestral, educación, justicia, si no tenemos territorio nos desconectamos de nuestra vida comunitaria”.
Hasta el mediodía de este 19 de mayo ninguna institución del Estado se refirió a este caso.
