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Se trata de la primera propuesta de económico urgente que envió el presidente Daniel Noboa. En la iniciativa se plantean regímenes especiales en lo tributario y penal.
El proyecto de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional pasó hoy el primer debate en el pleno de la Asamblea Nacional. Según el Gobierno, con este nuevo marco normativo, aún en desarrollo, se busca fortalecer la respuesta del Estado frente al crimen organizado.
La propuesta fue analizada como punto central de la sesión número seis del legislativo, que se instaló con 125 congresistas presentes en el salón plenario y fue conducida por la primera vicepresidenta, Mishel Mancheno.
Durante el primer debate participaron 18 asambleístas, la mayoría del bloque de Acción Democrática Nacional (ADN), quienes argumentaron diversos motivos para la promulgación de la norma.
Mientras que, en sus curules, los legisladores de Revolución Ciudadana (RC) colocaron un pequeño cartel con el menaje ‘seguridad de verdad’.
Un régimen especial penal para el conflicto interno
Su justificativo es que el país no está ante simples delincuentes, sino frente a estructuras organizadas, armadas, transnacionales, que han buscado arrebatar el control del territorio al Estado. Valentina Centeno, proponente del proyecto, explicó que la iniciativa tiene dos enfoques: uno financiero y tributario y otro en material penal.
En el primero subrayó que las empresas privadas podrán hacer las donaciones en insumos y equipamiento a las fuerzas del orden, con fondos deducibles. Se plantea donaciones de hasta un 30 por ciento del Impuesto a la Renta que deben tributar las compañías cada año.
En el ámbito penal, una de las propuestas es contar con un régimen especial punitivo para combatir el conflicto armado interno y al crimen organizado. Centeno señaló que este tipo de legislación excepcional se ha aplicado en El Salvador, Colombia, México, Italia, Estados Unidos, Alemania, para impedir que atenten a la estructura de la nación.
Se buscar tipificar como delito el pertenecer a un grupo de delincuencia organizada que se sancionaría con 22 a 26 años de pena, mientras que para cabecillas aumentaría a 30 años.
A la par, planean un sistema penal unificado y especial para juzgamiento de delito del crimen organizado que concentre la diferentes etapas en una sola audiencia y sea sentenciado con jueces especializados. Otro de los planteamientos es la prisión preventiva, como medida cautelar en los delitos del crimen organizado. Asimismo buscan incluir la aprehensión por 48 horas, con fines investigativos o comparecencia por investigaciones por cosas relacionados al conflicto armado.
Uno de los temas polémicos que formulan en el proyecto es el del indulto anticipado a policías y militares. Centeno dice que esta gracia se debería otorgar cuando finalice la etapa de investigación previa, pero solo en casos de cumplimiento en operaciones de defensa. Sin embargo, se excluye para delitos como genocidio, tortura, desaparición forzada y corrupción.
Otra figura que, igualmente, genera debate en la opinión pública es el allanamiento sin orden judicial, pero con un informe de inteligencia que avale la medida. «Es una medida importante para desarticular economías criminales que operan en muchos rincones del país».
Bancada de RC con aportes y reparos
Este no es el primer intento para combatir la delincuencia organizada, han pasado muchas leyes, pero vivimos en un país de inseguridad cuestionó Diego Salas, asambleísta por El Oro. Cree que se sigue concentrando el debate en lo punitivo, reactivo y en represión, pero no plantean medidas de controles para asfixiar las estructuras criminales e invertir en lo social.
Como bloque de RC han presentado observaciones y sugerencias al proyecto que esperan sean consideradas para el segundo debate. Por ejemplo, cita que es urgente restituir el rol del Consejo de Seguridad Pública del Estado como coordinador en el marco del conflicto armado interno.
Por su parte, Jahiren Noriega, asambleísta por Pichincha, señaló que es necesario que entre las disposiciones generales el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en un plazo de 90 días diseñe e implemente planes y estrategias de prevención del reclutamiento forzoso de niños y adolescentes.
Reforma a Cootad para inversión en seguridad
Steven Ordoñez, asambleísta por la provincia El Oro, describió a que hay municipios que están cobrando tasa de seguridad y se debe consultar en qué son destinados esos recursos. Por eso, plantean la reforma el artículo 249 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para que las prefecturas y municipios de manera facultativa puedan invertir en seguridad pública. Los recursos que incaute a grupos delincuenciales deben destinarse a los sectores más afectados de frontera como Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago, Pastaza, Zamora, Loja, El Oro e Imbabura. Según Ordoñez, la última provincia tiene 40 kilómetros para tráfico de drogas, armas y personas.
Plazos de procesos en las comisiones
Un informe de Asesoría Jurídica de esta función hizo notar que por la transición del nuevo período legislativo no había certeza jurídica sobre la contabilización de los término y plazos en los procesos legislativos. Ferdinan Álvarez, asambleístas por Guayas, propuso que los plazos para tramitar los informes de primero y segundo debate de las comisiones especializadas tendrán una prórroga de 60 días, si el plazo venció del 14 de mayo.
