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Un centro de rehabilitación no autorizado en Nayón fue clausurado. Internas denunciaron abusos sexuales, físicos y psicológicos durante su permanencia en el lugar.
La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró un centro de rehabilitación clandestino ubicado en la parroquia de Nayón, al norte de Quito, donde presuntamente se cometieron graves violaciones a los derechos humanos.
Durante el operativo, las autoridades encontraron a 40 mujeres recluidas, de las cuales nueve son menores de edad. Varias de ellas declararon haber sido víctimas de abusos sexuales, físicos y psicológicos.
Según los testimonios recabados por las autoridades, las internas fueron sometidas a tratos degradantes y actos de violencia. Algunas relataron que recibieron descargas eléctricas mientras estaban dentro de una piscina como castigo. Otras denunciaron que fueron mojadas con aguas sucias y golpeadas con objetos contundentes. Además, afirmaron que no se les proporcionaba alimentación oportuna ni condiciones básicas de higiene o atención médica.
La clausura del establecimiento fue ejecutada por personal de la AMC en conjunto con efectivos de la Policía Nacional, en respuesta a denuncias ciudadanas que alertaban sobre actividades irregulares dentro del centro. Al momento del operativo, no se presentó documentación legal que respaldara su funcionamiento.
Las autoridades indicaron que el sitio no contaba con los permisos requeridos para operar como centro de rehabilitación y que incumplía con normativas esenciales de salubridad y seguridad. También se constató que el lugar carecía de personal médico calificado o profesionales en salud mental que pudieran justificar los tratamientos aplicados.
El administrador del centro enfrenta un proceso sancionatorio por parte de la AMC, que podría derivar en una multa equivalente a hasta 10 salarios básicos unificados, lo que asciende a 3.760 dólares. Paralelamente, la Fiscalía investiga posibles delitos relacionados con violencia sexual, maltrato y otros abusos cometidos contra las internas, especialmente contra las menores de edad.
Las víctimas fueron trasladadas a un lugar seguro y reciben atención médica y psicológica. El caso ha generado gran conmoción en la comunidad y reaviva el debate sobre la proliferación de centros de rehabilitación no regulados en el país.
Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de establecimientos irregulares y reiteran su compromiso con la protección de los derechos humanos y la erradicación de prácticas ilegales en centros de tratamiento para personas con adicciones.
