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El excandidato presidencial y la exasambleísta de Revolución Ciudadana y Raúl González fueron vinculados como supuestos autores directos del delito de asociación ilícita en el Caso ‘Ligados’ .
Con la vinculación del excandidato presidencial del correísmo Andrés Arauz, la exasambleísta Esther Cuesta y el designado Superintendente de Bancos, Raúl González, al conocido caso ‘Ligados’ abierto por una supuesta asociación ilícita la instrucción fiscal se extenderá hasta el 13 de julio de 2025.
La jueza Daniella Camacho también dispuso que Arauz y Cuesta se presenten una vez al mes en la Corte Nacional de Justicia. No dispuso el pedido de prohibición de salida del país porque los dos procesados no residen en Ecuador. Arauz tiene el estatus de refugiado en México y Cuesta migró hace 30 años en Genova, Italia. González, entre tanto, deberá presentarse cada 15 días en la Corte Provincial de Guayas y no podrá salir del país.
El fiscal Wilson Toainga expuso los elementos hallados en la investigación en contra de Arauz, Cuesta y González, a quienes señala como posibles autores directos del delito que se investiga.
La teoría de la Fiscalía General
La Fiscalía General solicitó la vinculación de Arauz, Cuesta y González a la instrucción fiscal que inició el proceso penal el 15 de marzo pasado. En esta causa penal previamente formuló cargos por presunta asociación ilícita contra Augusto Verduga, Yadira Saltos, Nicoles Bonifaz y Eduardo Franco Loor exconsejeros e integrantes de la Liga Azul, que tienen prohibición de salida del país y presentación periódica.
La teoría de la Fiscalía es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), encargado de la selección de autoridades del país, se convirtió en la sede en un partido para captar espacios de poder. Este proceso judicial se abrió luego del allanamiento a la instalaciones del CPCCS en donde se incautaron los teléfonos de Verduga. La información de los dispositivos reveló la planificación y estrategias delictivas puestas en marcha para hacerse del control de instituciones del Estado.
Toainga indicó que los exconsejeros de la Liga Azul se articularon en la búsqueda de una estrategia para dilatar las decisiones de la justicia electoral y conseguir designaciones que les favorezca. Su tesis es que Andrés Arauz coordinaba y emitía directrices, como presentación de denuncias y acciones constitucionales.
Asimismo, mencionó que los procesados en coordinación con estos miembros de Revolución Ciudadana se mantenían asociados con la finalidad de lograr el control del sistema de justicia del Ecuador por medio del concurso de vocales del Consejo Nacional de la Judicatura CNJ.
Los involucrados habrían planificado retrasar el concurso del CNJ para que en caso de que Luisa Gonzáles gane las elecciones presidenciales enviará la terna
El caso del Superintendente de Bancos
La Fiscalía cree que no solo en el ámbito de la justicia electoral desplegaron supuestas conductas ilícitas, sino también pretendieron controlar el sistema financiero nacional. Expuso que buscaron nombrar a un Superintendente de Bancos afín a sus intereses, desconociendo la sentencia de la Corte Constitucional. En ese fallo si bien se reconoció que a Raúl González se le vulneró derechos al no permitirle desempeñar las funciones de Superintendente en el 2022, expuso que con esa sentencia no buscaba afectar el nuevo proceso de selección en el que se designó a Roberto Romero, como nuevo Superintendente de Bancos.
Pero, los cuatro exvocales en la sesión ordinaria del 22 de enero de 2025 aprobaron una resolución con el que postergaron la posesión de Romero. En su lugar, ratificaron la designación de González como primera autoridad de la Superintendencia por cinco años, es decir hasta el 11 de agosto de 2027, y a la vez, la validez del nombramiento de Romero para desempeñar esa funciones a partir del 2027.
González a cambio de su nombramiento habría ofrecido cargos de alto nivel en la institución a miembros de la Revolución Ciudadana .
“En los hechos que se formulan cargos hoy existen conductas propias de una asociación ilícita al convertir una pluralidad de personas en finalidades claramente delictivas destinadas a controlar los poderes del Estado, llegando a ser jueces y parte dentro de procesos de selección de autoridades”, precisó Wilson Toainga
