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Los dos primeros procesos son en contra de tres jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Asimismo deben calificar los juicios políticos en contra del Ministro de Defensa y de una vocal de la Judicatura.
Los integrantes de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional aprobaron este 4 de junio por unanimidad el plan de trabajo para el período 2025-2027.
Este ente es considerado clave en el funcionamiento de la primera Función del Estado porque conoce y sustancia los pedidos de juicios políticos y planteamientos de fiscalización.
Entre los procesos pendientes del anterior período están los juicios políticos a Fernando Muñoz, expresidente del Tribunal Contencioso Electoral y otro a los jueces del mismo organismo Ángel Torres y Joaquín Viteri. Estos dos procesos fueron suspendidos por la vigencia del período electoral.
También hay dos juicios políticos que están pendientes de ser calificados en contra de Gean Carlo Lofredo, ministro de Defensa y Sandra Goyes, vocal del Consejo Nacional de la Judicatura.
No se presentó un plan a detalle
La asesora Johana Carranza señaló que serán evacuados en orden de prelación, es decir primero se retomarán los trámites suspendidos. Por eso, desde esa Comisión se pidió al organismo electoral una certificación respecto si hay algún proceso electoral vigente, para resolver al respecto.
El presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez (ADN), dio a conocer que en este proceso de transición por el inicio de un nuevo período legislativo no ha recibido toda la información física ni digital por parte de los anteriores miembros de este organismo. Esto provocó que esta sesión se haya aplazado.
Para la asambleísta Nataly Morillo (ADN) el trabajo de fiscalización será integral y no selectivo y espera que no se generen espectáculos como en períodos pasados. Expuso que por los tiempos y plazos que tiene esta comisión especializada no se puede realizar planes de trabajo a detalle. Por eso, mocionó que se apruebe el plan general para los siguientes dos años, lo que fue respaldado por todo los integrantes.
Ana Herrera, asambleísta por Cotopaxi, replicó que este organismo al no tener la misma dinámica que otras comisiones y no tramitar proyectos de Ley, debe tener una apertura a futuros pedidos de fiscalización y de juicios políticos.
