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El Ministro de Defensa reveló esa cifra en la comparecencia de la Comisión de Fiscalización. Ese ente lleva a cabo el proceso de fiscalización sobre presuntas irregularidades de los operadores de justicia.
Unos 6.211 posibles miembros de grupos armados organizados han sido capturados por las Fuerzas Amadas durante el conflicto armado interno. Así lo dijo el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, en su comparecencia en la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional.
Sin embargo, muchos de los detenidos han recuperado su libertad a los tres o cuatro días.
La aprehensión es uno de los tres objetivos estratégicos que han implementado las fuerzas castrenses durante este conflicto armado no internacional. Los otros dos, asegura el secretario de Estado, han sido la recuperación del control interno del país y la intervención en los centros de privación de libertad.
Esa sesión legislativa es parte del proceso de fiscalización sobre las presuntas actuaciones irregulares de los operadores de justicia, en el marco del conflicto que enfrenta el país.
Según Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión, el crimen organizado ha comprado a jueces y fiscales, por lo que considera que no se puede premiar a los corruptos.
Loffredo indicó que uno de los inconvenientes que afecta las acciones de los militares en su lucha contra los grupos armados han sido las decisiones tomadas en el sistema judicial.
“El hecho reiterativo sobre la liberación casi inmediata de los capturados, muchos de ellos aprehendidos en actos de flagrancia, es un patrón que preocupa a la institución militar”, Gian Carlo Loffredo.
Puso sus dardos en decisiones de jueces y fiscales que se han escudado en presuntos errores procesales y en la supuesta debilidad probatoria, que en algunos casos han derivado en sobreseimientos.
Sin embargo, cree que eso respondería a supuestos arreglos entre el crimen organizado, abogados y funcionarios judiciales sobornados.
Las estadísticas de las Fuerzas Armadas
En los registros de las Fuerzas Armadas constan la realización de 516.344 operaciones militares, entre el 9 de enero de 2024 hasta el 15 de junio de este año.
En este lapso han decomisado 5.083 armas de fuego, 278 658 municiones, 209.728 explosivos, entre otros resultados. (VER GRÁFICO)
Enrique Aristizábal, jefe del Estado Mayor Operacional del Comando Conjunto, apoyó la tesis del ministro y sostuvo que las acciones militares no han sido correspondidas en este caso por la justicia.
Para Ana Herrera, asambleísta por Cotopaxi, era necesario conocer si hay alguna acción desarrollada como Ministerio de Defensa para erradicar esa corrupción en algunos operadores de justicia.
Loffredo contradijo que en las operaciones únicamente han entregado a jueces y fiscales de justicia los detenidos y las evidencias correspondientes.
Asimismo se refirió a zonas críticas en donde actúan grupos armados, por lo que se torna una guerra asimétrica que va cambiando.
Control en cárceles y en la frontera
El control militar en las cárceles mencionaron es efectivo. Sin embargo, Loffredo cree que los actuales centros penitenciarios no están diseñados para el tipo de delincuentes a los que enfrentan.
Aristizábal, en cambio, señala que han velado por los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. «Antes pagaban por un plato de comida, ahora no, las Fuerzas Armadas estamos dándoles seguridad y todos los derechos», expuso el alto oficial.
Las autoridades también dijeron que en gobiernos anteriores se dio un debilitamiento en personal, medios y en destacamentos limítrofes. El Gobierno maneja un plan de fortalecimiento en las fronteras. Se aseguró que hay presencia militar para el control interno y de armas, explosivos y municiones.
Depuración de Fuerzas Armadas
La depuración al interior de las fuerzas militares también fue analizada durante la sesión. El asambleísta Nanki Saant (Morona Santiago) se refirió a la infiltración en fuerzas militares y policiales de grupos de delincuencia organizada, por lo que consultó sobre los mecanismos tomados para el control interno.
El Jefe del Estado Mayor Operacional del Comando Conjunto señaló que hacen frente a la depuración, pero que hasta en estos procesos la justicia ha intervenido.
Hay casos de uniformados que ha sido sancionados y dados de baja de las instituciones militares, pero han sido restituidos con fallos judiciales.
En muchos de los casos han regresado con el grado militar y hasta con el pago de salarios de meses que ni siquiera han trabajado.
«Ellos deben ser declarados traidores a la patria. Me encantaría que un militar traidor a la patria sea fusilado, como debería ser» Enrique Aristizábal
