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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por la aprobación de la Ley de Inteligencia. Human Rights Watch advirtió que la normativa abre la puerta al “uso injustificado de la fuerza letal”.
Extremadamente rápido, sin tiempo para detenrse a analizarla, así fue la aprobación de dos leyes en Ecuador. A inicios de mes, la mayoría legislativa en la Asamblea dio paso a la aprobación de dos leyes con el fin de contener el avance del crimen organizado. Se trata de la Ley de Inteligencia y la Ley de Solidaridad Nacional, ya publicadas en el Registro Oficial. Es decir, entraron en vigencia.
Pero una de esas leyes, la de Inteligencia, genera preocupación entre expertos, por posibles violaciones a la privacidad de las personas y abusos de las fuerzas de seguridad. Entre los puntos clave de la Ley de Inteligencia está la posibilidad de acceder a las comunicaciones privadas sin necesidad de una orden judicial. Otro cambio está relacionado con la identidad de los agentes que operarán de forma encubierta para fines de inteligencia y contrainteligencia, quienes no tendrán responsabilidad judicial al obtener una identidad ficticia proporcionada por el Estado.
Preocupación internacional
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por la aprobación de esta ley, pues considera que podría convertirse en un “instrumento de control de la actividad periodística y de las libertades de expresión y de prensa en el país”.
Las operadoras de servicios de telecomunicaciones ―según la nueva ley― estarán obligadas a proporcionar al sistema nacional de inteligencia información histórica y en tiempo real de comunicaciones y conexiones de usuarios de telefonía, datos técnicos y cualquier otro detalle que permita su identificación y localización.
Aunque la ley indica que el uso de esto deberá ser proporcional y no arbitrario, la organización no gubernamental Human Rights Watch advirtió este miércoles que la normativa está abriendo la puerta al “uso injustificado de la fuerza letal”, debilita la rendición de cuentas por abusos de las fuerzas de seguridad y socava las salvaguardias para la recopilación de información de inteligencia.
