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La selección de los integrantes de esta veeduría se realizará en los primeros días de julio. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social introdujo reformas al reglamento del concurso.
Los primeros días de julio se realizará la convocatoria para la integración de la Comisión Ciudadana de Selección, que se encargará de desarrollar el concurso del nuevo Fiscal General del Estado.
Esa designación está a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que no ha podido cumplir con los plazos legales para seleccionar al nuevo titular de la acción penal en el país.
El período de la fiscal Diana Salazar finalizó el 8 de abril, pero luego renunció a esa funciones prorrogadas.
El 21 de mayo pasado, el fiscal subrogante Wilson Toainga asumió transitoriamente el cargo, mientras se designa al nuevo titular de la Fiscalía.
Andrés Fantoni, presidente del Cpccs, señaló que entre las últimas decisiones del pleno están las reformas hechas al reglamento del concurso.
Uno de los cambios es la incorporación de más ciudadanos a la veeduría que facilite optimizar el proceso de transparencia.
Es que esta Comisión tendrá a su cargo las etapas de convocatoria, evaluación de méritos, oposición y designación final.
El involucramiento de la academia y gremios
Durante el panel ‘La academia y su papel decisivo en el concurso de Fiscal’, que se efectuó en la Universidad Andina Simón Bolívar, el directivo abordó otras modificaciones al reglamento.
Ahí se resaltó que el perfil de la persona que aspire al cargo debe estar respaldado por una formación académica sólida y una probidad intachable.
Por eso, Fantoni expuso que también se han incluido materias relevantes como litigación oral penal, criminología, derecho procesal internacional. A la par, se eliminó del concurso materias de derecho administrativo, ética y deontología.
Según Paul Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, se han acogido algunas observaciones realizadas como gremio y éstas buscan transparentar el concurso.
Sin embargo, la jurista Pamela Aguirre cree que la conformación de esa comisión no puede estar integrada por inexpertos en temas como derecho procesal penal.
