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Con 84 votos se aprobó el texto íntegro, que entre otros temas aborda, la declaratoria de emergencia judicial, sanciones por prevaricato cometido por jueces, aumento de pena para adolescentes infractores, democratización de la contratación.
Una reforma a 20 cuerpos normativos del país abarca la Ley Orgánica de Integridad Pública, que acaba de ser aprobada por la Asamblea Nacional.
El pleno del legislativo en un segundo debate de este proyecto, calificado de urgente en materia económica, aprobó con 84 votos el texto íntegro.
La asambleísta ponente, Valentina Centeno, (ADN) reconoció que se trata de una Ley inédita debido a los amplios cambios, pero justificó que se busca proteger a los ecuatorianos.
Según la política manabita el fin es regular aspectos como reducir la violencia en las ciudades del país, la reinserción de menores infractores, la administración de justicia.
La sesión tuvo algunas novedades. Luis Fernando Molina, de Revolución Ciudadana, apeló a la presidencia de la sesión del pleno a Niels Olsen.
El legislador dijo que se habían incumplido algunos procedimientos, como no suspender ese punto del orden del día porque el proyecto necesitaba cambios.
Olsen replicó que no había argumento para esa reclamación, por lo que alegó que no se violentó ninguna norma.
Al final, 83 asambleístas no dieron paso a la apelación, por lo que Olsen retornó a dirigir la sesión plenaria.
Declaratoria de emergencia judicial
Como un tema ‘novedoso’ la norma plantea que se declare en emergencia al sistema de justicia.
Centeno demostró su propuesta porque el país tiene una justicia frágil y con mafias enquistadas en los operadores judiciales.
Con esta Ley se busca hacer procesos de ingreso expedito a la carrera judicial supuestamente para la incorporación de magistrados probos.
A la par, se plantea hacer una evaluación obligatoria a los jueces y a los fiscales.
También se incluyó el delito de prevaricato para sancionar a fiscales que beneficien a delincuentes.
Eso incluye la inhabilitación del ejercicio del cargo y de la profesión de abogado por el doble del tiempo de la pena que sea impuesta.
Endurecimiento de pena para menores de edad
Por iniciativa del asambleísta Andrés Castillo (ADN) se incorporó el tema de los adolescentes infractores con delitos graves.
La Ley plantea que los menores de edad que cometan delitos relacionados al crimen organizado tendrán un endurecimiento de la pena de 15 años, actualmente es de 8 años.
Sin embargo, para quienes cooperen eficazmente con la justicia tendrán como beneficio la reducción de hasta un 50 por ciento en la sanción.
Alfredo Serrano, asambleísta del partido Social Cristiano, sostuvo que en el país hay adolescentes que secuestran y asesinan como adultos, pero que no deben ser sancionados como menores de edad.
Castillo adicionó que el Estado debe proteger a los jóvenes para que no caigan en manos del crimen organizado y de las mafias.
El 89 por ciento de personas que han muerto formando parte del crimen organizado tenían entre 14 a 17 años, añadió.
Para cometer delitos asociados al crimen organizado tráfico de drogas, tenencia y porte de armas, asesinato, extorsión, tentativa de asesinato, secuestro, echan mano de adolescentes.
Expulsión de extranjeros infractores
En el país hay 4.000 personas privadas de libertad en condición de hacinamiento, 600 son extranjeros.
El Estado debe invertir 4 millones al año para su manutención y se despliega a 500 militares para su vigilancia.
Por lo que se plantea la expulsión inmediata de los extranjeros infractores a sus países de origen y ponerlos en manos de autoridades de justicia.
Para Sergio Peña, asambleísta nacional, los extranjeros que atenten contra la vida de los ecuatorianos deben ser desterrados y no podrán regresar al país.
Democratizar la contratación pública
En contratación pública se propone reformas en innovación, tecnología, automatización de procesos de contratación pública.
Diego Franco, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, indicó que el país enfrenta a dos enemigos el crimen organizado y la corrupción en instituciones públicas.
“Los dos no trabajan de forma independiente, se reparten el país como si fuera su negocio personal”.
El legislador habló de 930 millones de dólares cada año que son desviados en montos que corresponde a coimas y repartos de porcentajes de los procesos.
Adrián Castro, asambleísta por Azuay, sostuvo que la nueva norma elimina procesos de listas cortas, cotización, menor cuantía, entre otros, con fines a democratizar la contratación pública.
Uno de los ejemplos, citó Castro, es lo que sucede con tres firmas de contadores que poseen más de 50 contratos públicos.
Una sola empresa de turismo acapara el 40 por ciento de todos los viajes de los municipios del país.
Comparecencia de ministros por caso ‘Fede’ fue aplazado
Héctor Rodríguez, asambleísta por Pichincha, al inicio de la sesión propuso el cambio del orden del día para incluir un proyecto de resolución para una comparecencia urgente de diferentes funcionarios del Gobierno por la fuga de Rolando Gómez, alías ‘Fede’.
Entre las autoridades constaban la presentación de los ministros de Gobierno, Defensa, comandantes de Policía y Fuerzas Armas y director del SNAI, para que expliquen los hechos relaciones con esa evasión de la Penitenciaria del Litoral.
El militante de la bancada de la Revolcón Ciudadana dijo que este un patrón de complicidad no se puede aceptar y que esas autoridades deben comparecer a la Asamblea.
Rodríguez recordó que, en enero de 2024, José Adolfo Macías, alias ‘Fito’, también desapareció de un centro penitenciario lo que desató una escalada de violencia en el país. “Hoy, tras 534 días Fito no aparece”.
149 asambleístas apoyaron ese cambio en el orden del día de la sesión. Sin embargo, el presidente Olsen suspendió la sesión cuando tocaba tratar este punto y dijo que los harían el jueves, 26 de junio.
