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La Unicef alerta que reforma en el país vulneraría derechos de los adolescentes infractores. Abogados constitucionalistas señala que la aprobación de la nueva normativa es arbitraria.
El aumento de 8 a 15 años de cárcel para menores de edad que ejecuten delitos graves, como sicariatos y terrorismo, trasgrediría derechos.
Según Unicef Ecuador, con la aprobación de la Ley de Integridad Pública se incorporan reformas regresivas al sistema de justicia penal juvenil que afectarían a los adolescentes.
La entidad añadió que ese tipo de medidas no son seguras para luchar contra la inseguridad e infringe la Constitución y la Convención sobre derechos de niños que fue ratificada por Ecuador.
Una de las cosas que preocupan es que la medida afecte la reintegración de los adolescentes y empeore la situación de las cárceles en el país.
José Guerra, representante en Ecuador de esa agencia, señaló que a ese organismo no le corresponde activar demandas jurídicas en el país.
El jurista Ramiro García cree que este proyecto no tiene futuro en la Corte Constitucional. “Una estafa a la ciudadanía y una venta de humo vergonzosa”.
Para Andrés Castillo, asambleísta por Pichincha, (ADN) el crimen organizado no solo ha reclutado a menores de edad, sino también a extranjeros.
Si consideran que pueden presentarse acciones de inconstitucionalidad a proyectos que atacan al crimen organizado que lo hagan.
“Será la Corte Constitucional la que resuelva y sobre eso nosotros nos defenderemos”.
Observaciones a aprobación de la nueva Ley
El abogado constitucionalista, Gonzalo Muñoz, señaló como arbitrario la aprobación de la Ley Orgánica de Integridad Pública porque contiene una mezcla de disposiciones.
Algunos cambios se incluyeron a última hora en el informe para segundo debate, sin que el mismo regrese a la Comisión.
Por su parte, André Benavides, considera que a través de esta norma se pretende reformar el Código Orgánico de la Función Judicial para bajo el pretexto de evaluación sacar a jueces y fiscales que resulten incómodos. Con ello, se busca poner jueces golondrinas.
El constitucionalista considera que, igualmente, la declaración de emergencia de la Función Judicial no tiene limitaciones temporales, por lo que puede ser años.
Napoleón Santamaría, jurista, con la aprobación de esta norma también contempla un nuevo perdón de intereses, multas y recargos de las obligaciones no pagadas al SRI, hasta diciembre de 2024.
