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La Ley de Integridad Pública tiene en alerta a los agremiados a la Unión Nacional de Educadores. Hoy realizaron una movilización para presentar un análisis legal contra la ley recién aprobada.
Los maestros aglutinados en la Unión Nacional de Educadores (UNE) protagonizaron una marcha en Quito por lo que considera la inconstitucional Ley Orgánica de Integridad Pública.
La movilización salió de la Casa del Maestro y llegó a las inmediaciones de la Corte Constitucional para adjuntar un análisis jurídico de la norma aprobada por la Asamblea Nacional, el 24 junio pasado.
Los manifestantes con carteles, banderas rojas, arengas nuevas y conocidas, sonidos de vuvuzelas recorrieron las calles del centro norte de Quito.
Para Andrés Quishpe, presidente de la organización, esa norma afecta la estabilidad laboral, abre espacios de acosos y violencia en lugares de trabajo y como a través de evaluaciones se busca desestabilizar en los puestos de trabajo a servidores público.
En una disposición transitoria séptima en la recientemente aprobada Ley de Áreas Protegidas se repuso el tema de la jubilación especial con compensación.
El dirigente cree que con eso aceptaron que si se mantenía la reforma introducida a la Ley de Servicio Público implicaba ampliar tiempo de jubilación a los 65 años.
En la Coordinadora de servidores públicos, médicos, trabajadores, organizaciones sociales y campesinas consideran que son cuatro leyes que enfrentan demandas de inconstitucionalidad.
Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, anunció que están planificando una convención nacional para planificar las acciones que se van a llevar a cabo para defender los derechos.
La sede de la Corte Constitucionalidad lució con un cerco de vallas y resguardada por Policías.
El gremio de maestros se sumará a las demandas de inconstitucionalidad de la nueva Ley de Áreas Protegidas que presentarán los sectores indígenas y de ecologistas.
