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El expresidente colombiano fue condenado por dos delitos y apelará la sentencia. Organismos internacionales fueron alertados por presunta vulneración de sus derechos.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue sentenciado a 12 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 840.000 dólares ( 2.420 salarios mínimos vigentes), y a la inhabilitación por ocho años para el ejercicio de funciones públicas.
La jueza Sandra Heredia leyó la sentencia por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
El proceso se ventiló en un juzgado colombiano desde el pasado 6 de febrero.
La juezgadora rechazó la solicitud del abogado defensor, Jaime Granados, de leer la sentencia completa, que consta de 1.114 páginas.
“Tendríamos que estar en una lectura de siete días solamente para alegatos; ello no sería proporcional”, señaló Heredia.
La justicia colombiana declaró el 28 de julio que Uribe era responsable de los dos delitos mencionados, aunque fue absuelto del cargo de soborno simple.
Recursos de apelación
Uribe asumió personalmente la sustentación del recurso de apelación, en el que pidió la revocatoria total de la sentencia dictada en su contra.
Este recurso no reemplaza la solicitud escrita que sus abogados presentarán dentro del plazo concedido por la jueza.
“Ha predominado la política sobre el derecho para condenarme, y ha faltado más investigación”, afirmó Uribe.
Uribe reside en Rionegro, Antioquia, por lo que el Centro de Servicios Judiciales de esa localidad emitirá la respectiva boleta de encarcelación para que sea trasladado a cumplir prisión domiciliaria, bajo los controles correspondientes.
Los integrantes del grupo Libertad y Democracia, que reúne a exjefes de Estado y de Gobierno, solicitaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) y al Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU que actúen ante lo que consideran una grave afectación a los derechos humanos de Uribe.
