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La propuesta de consulta popular presentada por el presidente Noboa ha generado respaldo oficialista, pero también críticas de juristas y líderes opositores. Entre los temas más polémicos están la reforma constitucional.
El presidente Daniel Noboa señaló que, desde el inicio del proyecto político que lidera, han luchado por la justicia y el progreso.
El mandatario considera que, con la consulta popular que contiene siete preguntas, se da un nuevo paso. Añadió que se trata de temas de interés ciudadano y de urgente necesidad de cambio.
Noboa afirmó que los ecuatorianos podrán dejar atrás el pasado y, con esperanza, esperar un futuro de paz y desarrollo.
En la Asamblea Nacional hubo voces contrapuestas respecto a la nueva consulta. Valentina Centeno, jefa de la bancada oficialista ADN, junto a sus compañeros, respaldó la decisión del mandatario y, al referirse al tema, utilizó palabras similares a las del líder de la organización.
El bloque de la Revolución Ciudadana aún no se ha pronunciado sobre la propuesta del Ejecutivo.
El expresidente Rafael Correa respondió a las preguntas planteadas y adelantó que votará en contra de cinco de ellas. El único voto afirmativo será el relacionado con la Corte Constitucional, ya que considera que dicho organismo, al ser intocable, responde a democracias más maduras.
En cuanto al número de asambleístas, en cambio, cree que se deben revisar los anexos.
Voces opuestas
Para André Benavides, abogado constitucionalista, hay preguntas —como las relacionadas con el Fondo de Promoción Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social— que se enmarcan dentro de una reforma parcial a la Constitución.
Es decir, el procedimiento debería ser aprobado por la Asamblea Nacional y luego sometido a un referéndum ratificatorio. “El presidente lo está planteando como propuesta de consulta popular, como si se tratara de una enmienda”, señaló.
Hernán Salgado, exjuez constitucional, calificó como un grave error el intento de someter a los jueces a juicio político, y lo consideró un acto de autoritarismo craso, ya que eso implicaría ejercer presión sobre estos funcionarios.
Según Ramiro García, expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, se pretende vender la falsa dicotomía entre seguridad y garantías procesales, así como entre derechos laborales y oportunidades de empleo. “La realidad es que, con estas políticas públicas, cada vez tenemos menos seguridad y menos empleo”, concluyó.
