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La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en contratos desde mayo de 2023, vinculando al alcalde de Pujilí y otros funcionarios. Se presume la adjudicación de obras iniciadas con recursos privados.
Unas 17 personas, entre ellas José Alcides A., alcalde de Pujilí, son procesadas por la Fiscalía en el denominado caso «Ornato Municipal», por el presunto delito de peculado.
El juez de la Sala Anticorrupción de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha acogió parcialmente el pedido del fiscal y dictó prisión preventiva para el alcalde y otros nueve procesados.
A siete más se les ordenó la prohibición de salida del país y, adicionalmente, como parte de las medidas cautelares, deberán presentarse dos veces por semana ante la Fiscalía.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el exvicealcalde de Pujilí y una funcionaria de la municipalidad.
En este proceso se investigan contratos y proyectos ejecutados desde mayo de 2023, es decir, desde el inicio de la administración de José Alcides A.
La Fiscalía Provincial de Cotopaxi inició las investigaciones el 16 de octubre del año pasado, lo que dio paso a las acciones ejecutadas el jueves último.
Durante la madrugada del 7 de agosto, la Policía y la Fiscalía realizaron un operativo simultáneo en Cotopaxi, Pichincha y Tungurahua, en el cual fueron detenidos los 17 imputados en este caso.
Otra persona que supuestamente estaría vinculada con este delito fue detenida con fines investigativos.
Obras contratadas antes de la gestión
Memorias externas, computadores, comprobantes de depósitos, documentos, teléfonos celulares y otros elementos que podrían contribuir a la investigación fueron recabados en los veinte allanamientos desplegados en las tres provincias.
La audiencia de formulación de cargos comenzó la noche del 7 de agosto y finalizó esta tarde.
El fiscal provincial, con base en los elementos de convicción obtenidos, justificó la instauración de la acción penal.
Entre esos elementos se incluyeron informes de seguimiento y vigilancia, versiones de los denunciantes, resoluciones de adjudicación de contratos, movimientos bancarios con un supuesto pago hecho por dos contratistas a proveedores personales del alcalde por compras realizadas antes de su posesión, además de un examen especial de la Contraloría General del Estado.
Una de las presunciones es que el alcalde y los otros implicados habrían utilizado bienes públicos para beneficio propio o de terceros, aprovechándose de sus cargos.
Incluso, antes de asumir funciones, habría iniciado obras públicas —como la construcción de iglesias, casas comunales y vías— con recursos privados.
Cuando asumió la alcaldía, se presume que adjudicó esas mismas obras mediante procesos de contratación pública.
Se investiga si se intentó justificar con fondos municipales los gastos efectuados antes del inicio de la gestión.
Se detectaron inconsistencias entre los informes municipales y el estado real de las obras; también se habrían identificado vínculos entre procesados y contratistas.
Entre las obras que habrían sido adjudicadas irregularmente están el coliseo de Zumbahua, el cementerio municipal y proyectos de ornamentación urbana.
