sábado , 15 agosto 2026

El Gobierno envía cuatro preguntas de la consulta popular a la Corte Constitucional

El máximo organismo de justicia constitucional del país debe hacer el control constitucional de las preguntas que buscan reformar la Constitución y otras de consulta popular.

El presidente de la República, Daniel Noboa, envió a la Corte Constitucional la propuesta de consulta popular para que se precise el camino a seguir, tras el control previo.

Entre los temas incluidos están la contratación por horas en el sector turístico, la reducción del número de asambleístas, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional.

Por otro lado, la pregunta sobre la instalación de bases militares extranjeras ya fue calificada por el máximo organismo de justicia constitucional.

En cuanto al financiamiento de partidos políticos, este tema fue aprobado por la Asamblea Nacional, pero aún falta el pronunciamiento final de la Corte Constitucional sobre el contenido de la pregunta y sus anexos.

La pregunta relacionada con el funcionamiento de casinos y salas de juego en hoteles cinco estrellas fue enviada en un documento aparte la semana pasada. Se trata de una pregunta de consulta popular, ya que no implica una reforma constitucional. Esta será sustanciada por la jueza Alejandra Cárdenas.

Por su parte, la magistrada Claudia Salgado sustanciará el proyecto de enmiendas constitucionales dentro del trámite de control previo constitucional.

Enrique Herrería, exjuez constitucional, considera que el mandatario debería contar con abogados con experiencia que le orienten sobre los procedimientos adecuados, ya que —según él— actualmente no recibe un buen asesoramiento.

Posiciones en la Asamblea

Hay diversas voces en la Asamblea Nacional respecto a esta nueva consulta popular.

Para Otto Vera, asambleísta del PSC, la pregunta sobre el juicio a los magistrados de la Corte Constitucional sigue generando dudas, ya que no está claro cuál sería el incumplimiento de funciones. “El enjuiciamiento no puede darse por las decisiones legítimas que toma la Corte en las diferentes acciones o requerimientos que hace la ciudadanía. Estaría mal”, señaló.

“La consulta popular no va a solucionar los graves problemas que tiene el país”, afirmó el asambleísta de RC, Blasco Luna. Recordó que en el último pronunciamiento popular se aprobó la creación de juzgados especializados en Garantías Constitucionales, pero hasta ahora no se ha cumplido.

Según Cecilia Baltazar, asambleísta de Pachakutik, se socializarán en las comunidades cada una de las preguntas de la consulta popular.

Cristian Benavides, asambleísta por Carchi, en cambio, cree que el Gobierno debería incorporar más preguntas en esta consulta para evitar recurrir a este mecanismo en futuras ocasiones. El legislador carchense indicó que envió una propuesta para que los prefectos del país sean elegidos únicamente con el voto de los electores de la zona rural.

Un grupo de activistas realiza esta tarde una marcha a la Corte Constitucional para dar el respaldo a los jueces y rechazar las políticas del Gobierno de Noboa.

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