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A pesar de advertencias sobre posibles violaciones a la unidad de materia constitucional y las críticas de varios legisladores. La normativa, enviada por el Ejecutivo con carácter urgente fue aprobada.
El proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social fue aprobado con el apoyo de 78 legisladores en la Asamblea Nacional.
Durante la sesión número 30, efectuada el 26 de agosto, se debatió este proyecto, calificado como urgente en materia económica.
Se trata de la cuarta iniciativa enviada por el Gobierno de Daniel Noboa. Artículos de las tres primeras leyes anteriormente aprobadas por el legislativo están siendo revisados por la Corte Constitucional.
Según la asambleísta por Chimborazo, Mishel Mancheno, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, el objetivo de esta ley es cerrar las puertas a todos los flujos irregulares de capital que financian a los grupos de delincuencia organizada y penetran el sistema de justicia.
La normativa introduce herramientas de control, como el sistema de clasificación por niveles para fundaciones y organizaciones sociales.
Las entidades categorizadas con riesgo bajo deberán cumplir con formularios simples, mientras que las de riesgo alto serán sometidas a auditorías externas y deberán contar con un responsable de cumplimiento.
La UAFE -agregó la asambleísta- identificó que, en los cinco primeros meses de este año, se reportaron más de 600 millones de dólares no justificados, los cuales están en conocimiento de la Fiscalía.
El Banco Central, por su parte, dio a conocer que, entre 2007 y 2020, circularon 22.000 millones de dólares no justificados en el sistema financiero.
Las observaciones
La UAFE tendrá mayores competencias, por lo que recibirá y procesará la información de las fundaciones y organizaciones con el fin de detectar cualquier actividad inusual o sin justificación.
Entre sus disposiciones se incluye la obligación de que todas las fundaciones se registren en el sistema, sin excepción alguna; la implementación de sistemas de integridad; el principio de transparencia; y la aplicación de sanciones progresivas.
Uno de los puntos álgidos es la declaración de utilidades, que puede realizarse mediante su repartición entre los socios o su reinversión en el país. La norma no incluye a las organizaciones, fundaciones, empresas públicas, sociedades de economía mixta ni a los fondos de inversión.
Liliana Durán, asambleísta nacional por RC, cuestionó la incorporación de temas en este segundo informe que estarían fuera de la unidad de materia prevista en la Constitución.
Este proyecto de ley nació como una iniciativa para controlar los flujos irregulares de capitales y supervisar a las organizaciones sociales, pero incluyó también disposiciones tributarias, reformas a la Ley de Minería y un régimen de liquidación de empresas públicas.
Durán considera que se otorga a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria un control integral sobre las organizaciones, desplazando a la UAFE.
Por su parte, Alfredo Serrano, asambleísta nacional por el PSC, sostiene que no se puede castigar la reinversión de utilidades, ya que es una vía para el crecimiento empresarial, especialmente considerando que el 80 % de estas empresas son familiares.
Legisladores como Sergio Peña, Alex Morán, Mario Zambrano, Andrés Guschmer y Andrés Castillo destacaron que la norma protege a las organizaciones sociales responsables, evitando su uso en actividades ilícitas.
