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El Presidente de la República trasladó temporalmente a Latacunga, mientras crece el rechazo al retiro del subsidio al diésel. Gremios del transporte anuncian paralizaciones y exigen la derogatoria del decreto que elevó el precio del combustible.
El presidente Daniel Noboa firmó y puso en vigencia, este 13 de septiembre, el Decreto 127, mediante el cual dispone el traslado temporal de la sede de la Función Ejecutiva a la ciudad de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi.
Además, María José Pinto, vicepresidenta de la República, ejercerá transitoriamente las actividades asignadas a su función desde la ciudad de Otavalo, en la provincia de Imbabura.
Entre las razones, se indica que el objetivo es acercarse a la ciudadanía y escuchar sus necesidades en territorio, gestionando una administración pública cercana a las personas.
En un comunicado, la Vicepresidencia señaló que las comunidades tienen necesidades y pedidos, y que hoy serán escuchadas.
Aunque no se ha informado de forma oficial, se cree que esta decisión también busca resguardar a Quito, sede del Ejecutivo, ante posibles protestas derivadas del retiro del subsidio al diésel.
La bancada de Revolución Ciudadana afirmó que la eliminación del subsidio al diésel forma parte de la agenda del Fondo Monetario Internacional, y considera que esta medida es una “bola de nieve” que afecta toda la cadena productiva, desde la agricultura hasta la metalurgia.
Paralización por eliminación del subsidio
Un día antes, se anunció que el precio del galón de este combustible pasó de 1,80 a 2,80 dólares, a partir de este día.
Esta medida generó rechazo en el sector del transporte del país. Incluso, la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha anunció una paralización del sector para este lunes 15 de septiembre.
En Guayaquil, los transportistas urbanos también rechazan la eliminación del subsidio, a la que califican como una medida inconsulta. Christian Sarmiento, presidente del gremio, anunció que demandan la derogatoria del Decreto 126.
Por su parte, la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador también solicitó la suspensión inmediata del decreto, argumentando que los transportistas no están en condiciones de enfrentar la inesperada alza.
La Fenacotip convocó a una asamblea general para analizar el tema y adoptar las medidas pertinentes.
La Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador también rechazó la eliminación del subsidio y exige al gobierno de Noboa la revocatoria de esta disposición.
La Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador considera que la eliminación del subsidio al diésel es una decisión acertada, ya que permite un manejo responsable de los recursos del país.
Por ello, hizo un llamado a todos los actores a mantener el diálogo y evitar la paralización de los servicios.
El régimen de Noboa planteó un sistema de incentivos para los transportistas urbanos, rurales e intercantonales, que oscila entre 400 y 700 dólares mensuales.
Para el transporte interprovincial, se estableció un incentivo de 1.000 dólares mensuales por unidad, y para el intraprovincial, de 600 dólares por mes.
