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El CNE remitió el Decreto Ejecutivo 153 a la Corte Constitucional para su dictamen de legalidad. El proceso genera tensiones políticas, demandas de inconstitucionalidad y llamados internacionales a respetar la independencia judicial.
El Consejo Nacional Electoral remitió la resolución del pleno adoptada la noche del sábado 20 de septiembre de 2025.
El órgano electoral dispuso que se envíe a la Corte Constitucional el Decreto Ejecutivo No. 153, firmado por el presidente Daniel Noboa, para que, en observancia del principio de celeridad, emita el dictamen de constitucionalidad respectivo.
Elena Nájera, consejera del CNE, afirmó que la entidad debe demostrar la independencia de su función, por lo que votó a favor de la moción de trasladar el nuevo decreto a la Corte Constitucional para que esta emita su dictamen.
El mandatario emitió el Decreto Ejecutivo con el fin de convocar a una consulta popular, en la que los ecuatorianos se pronuncien a favor o en contra de la instalación de una Asamblea Constituyente.
Esto ocurrió luego de que Noboa derogara el Decreto Ejecutivo No. 148, mediante el cual, apelando al artículo 444 de la Constitución y sin solicitar el pronunciamiento de la Corte Constitucional, convocaba al electorado para decidir sobre la elección, instalación y funcionamiento de la Asamblea encargada de redactar el proyecto de nueva Constitución.
La Corte Constitucional se pronunció señalando que toda propuesta de convocatoria a una Asamblea Constituyente debe respetar los mecanismos de control reglamentario.
Anoche, la Policía desalojó la sede de la Corte Constitucional debido a una amenaza de bomba, lo que interrumpió la sesión en la que se trataban cinco demandas de inconstitucionalidad.
Sin embargo, al reinstalarse la sesión el Tribunal de la Sala de Admisión de la Corte resolvió aceptar la causa y conceder la suspensión provisional de los efectos del Decreto Presidencial No. 148.
En un comunicado, el Gobierno explicó que la difusión del nuevo Decreto No. 153 no será frenada por ninguna institución politizada -en alusión a la Corte Constitucional- ni por intereses particulares, y que el pueblo se pronunciará sobre la nueva Asamblea Constituyente.
Hasta esta tarde, dicho decreto acumulaba nuevas demandas de inconstitucionalidad. Una de ellas fue presentada por el Foro por la Democracia, minutos después de la expedición del nuevo decreto, al considerar que no procede un referendo constituyente sin el dictamen previo de la Corte.
Críticas internacionales
Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, señaló que todas las instituciones del Estado deben respetar y garantizar la independencia judicial. “Cualquier interferencia con la Corte Constitucional socava el Estado de derecho, debilita el sistema de pesos y contrapesos, y erosiona las garantías contra el abuso de poder”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó que Ecuador debe asegurar una justicia libre de interferencias y garantizar la seguridad de sus integrantes, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
Según Arturo Mosco, abogado y politólogo, convocar a una Asamblea Constituyente sin pasar por el control de la Corte no solo es ilegal, sino que también puede representar un quiebre en la institucionalidad del país.
Durante una sesión del CNE efectuada esta mañana, se declaró el inicio del proceso electoral del Referéndum 2025, pero con solo dos preguntas: una relacionada con el establecimiento de bases militares en el país y otra sobre el financiamiento estatal a las organizaciones políticas.
Durante la noche, simpatizantes del presidente Daniel Noboa realizaron un plantón frente a la sede de la Corte Constitucional en Quito.
