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La Corte Constitucional declaró inconstitucionales las leyes de Solidaridad Nacional e Integridad Pública por violaciones al procedimiento y principios democráticos.
Diversas reacciones han generado en el país la decisión de la Corte Constitucional que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Integridad Pública y de Solidaridad Nacional.
En el caso de esta última, el organismo de control constató una mezcla de materias económicas, penales y de seguridad, además del uso indebido del procedimiento de urgencia económica.
En cuanto a la Ley de Integridad Pública, se verificó que su reglamento y normas conexas vulneran los principios de unidad de materia, publicidad y deliberación democrática, por lo que también fue declarada inconstitucional.
“Estas decisiones recuerdan que ninguna ley puede aprobarse con atajos que limiten el debate público sin una verdadera justificación económica”.
Ambas leyes fueron aprobadas por la Asamblea Nacional y forman parte de un paquete de reformas impulsadas por el Gobierno de Daniel Noboa.
Reacciones del oficialismo
El mandatario aún no se ha pronunciado sobre la decisión de la Corte Constitucional. Por su parte, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, comentó que no le sorprenden las acciones de la Corte “contra el pueblo” y agregó que “ya saben para quién trabajan”.
La bancada legislativa de ADN calificó la decisión como un “golpe jurídico”, la rechazó y ratificó su apoyo a la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
La asambleísta Diana Jácome sostuvo que la Corte está politizada, argumentando que busca bloquear la participación democrática, sesionando a medianoche y en tiempo récord.
Para el jurista y catedrático Salim Zaidán, la decisión de la Corte es jurídicamente acertada.
André Benavides, abogado constitucionalista, sugirió a los funcionarios desvinculados por la Ley de Integridad Pública que presenten demandas ante el Tribunal Contencioso Administrativo para recuperar sus puestos de trabajo.
Nueva pregunta para la consulta
Por otra parte, la Corte expidió dictámenes sobre tres preguntas de consulta popular y una reforma constitucional propuestas por el presidente de la República.
La Corte aprobó la pregunta que autoriza el funcionamiento de casinos en hoteles cinco estrellas.
Sin embargo, consideró inconstitucional la propuesta que prohíbe el uso del nombre, imagen o apoyo de personas con sentencias ejecutoriadas en campañas electorales, por considerarla contraria a la libertad de prensa.
La propuesta para reducir el número de asambleístas fue calificada como viable, y se baraja la alternativa de una enmienda constitucional mediante referendo. Actualmente, está pendiente la revisión de claridad, neutralidad y coherencia de los considerandos.
Finalmente, la Corte emitió el pasado 24 de septiembre el dictamen favorable para la convocatoria a consulta popular con el fin de instalar una Asamblea Constituyente. Por ello, dispuso al Consejo Nacional Electoral que incluya en la papeleta la pregunta, el estatuto y la tabla de distribución de asambleístas.
