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El exsecretario advierte que el conflicto social en Imbabura ha alcanzado nivel de crisis. Critica la falta de estrategia política y el silencio de autoridades locales frente a la paralización.
Juan Manuel Fuertes, exsubsecretario de Gobernabilidad, considera que toda protesta conlleva el riesgo de desencadenar en violencia.
Ese es un escenario propicio para los infiltrados, personas con condiciones patológicas que ejecutan ataques y provocan mayor violencia.
En la actual situación del país, no debe ignorarse que existen individuos vinculados a grupos de delincuencia organizada.
Por ello, resulta absurdo que desde la dirigencia de las protestas no se tomen en cuenta estos factores.
Fuertes agrega que tampoco es aceptable la impavidez del Gobierno, ni que se espere que el conflicto se resuelva solo con el paso de los días.
En la práctica, es inviable que el Gobierno se niegue a dialogar frente al requerimiento de las fuerzas vivas.
En actual situación una negociación es complicada, porque antes de que se produzca el fallecimiento de Luis Efraín Fuérez, podía se factible que el sector indígena pueda plantear como punto centrar a liberación de los detenidos.
Respecto al traslado administrativo de la Presidencia de la República a Latacunga y de la Vicepresidencia a Otavalo, considera que se trata de una maniobra militar de provocación y disuasión.
El hecho de que el presidente Noboa no se encuentre físicamente en el Palacio de Carondelet le resta incentivo a la protesta.
Sin embargo, el régimen no logró sofocar de inmediato la situación y fue sorprendido por la intensidad de las manifestaciones del primer día.
La desidia de las autoridades locales
Fuertes es frontal al señalar que entre las autoridades locales hubo indiferencia frente al desarrollo de las protestas.
El Comité de Operaciones de Emergencia, conformado por autoridades de la provincia y de los seis cantones, se reunió recién siete días después del inicio del paro. No obstante, este ente no tiene competencia para emitir declaraciones políticas.
Cree que, en este caso, debieron dejar en segundo plano los intereses políticos e incluso las circunstancias personales.
Las autoridades, ya sea por su cercanía al Gobierno, por cálculo político o por preservar el voto del sector indígena, no “tuvieron los pantalones” para liderar una mancomunidad que promoviera el diálogo entre el Gobierno y el movimiento indígena.
“La situación amerita dejar de lado, por estos días, las ambiciones, intereses y cobardías, para que se puedan poner de acuerdo.”
Cuando la negociación no es posible, debe aplicarse la mediación, que requiere la intervención de un tercero.
Pudieron haber recurrido a actores sociales como las cámaras de la producción, sectores empresariales o iglesias, para buscar una solución más allá de las acciones policiales y militares.
Con el actual panorama, no basta con que caravanas de vehículos transporten gasolina, gas u otros productos.
En medio del ambiente de agitación que atraviesa la provincia, hay ciudadanos que no pueden trabajar y enfrentan una situación desoladora.
Leonidas Iza genera ausencia
Según Fuertes, la CONAIE maneja tres modalidades de medidas de hecho: la movilización, el paro y el levantamiento indígena.
En las protestas de 2019 y 2022 se trató de levantamientos indígenas, mientras que ahora se enfrenta una declaratoria de paro nacional que aún no se ha concretado.
Hoy se observa un paro focalizado en un sector de la Sierra norte del país, pero su manejo tanto desde el Gobierno como desde el movimiento indígena podría complicar la situación.
En un conflicto social y político, el problema evoluciona en espiral: problema, conflicto, crisis y caos. Por ello, Gobierno y organizaciones debieron intervenir antes de llegar al nivel de crisis, o peor aún, al caos.
En el caso de los kichwas en Imbabura, Fuertes considera que ya se ha alcanzado el nivel de crisis y que la dirigencia ha sido desbordada.
Ahora se deben encontrar mecanismos que permitan reducir el conflicto, pero para ello es necesario tener voluntad y estrategia para concertar.
Entre el Gobierno y el indigenismo, al contrapesarse mutuamente, se generan necesidades que pueden tornarse crueles.
“En el lado de la protesta, siempre se busca que haya un muerto, porque es un factor que desencadena explosiones de otra intensidad, y lo estamos comprobando. El Gobierno busca que haya violencia porque eso deslegitima la protesta y justifica la represión.”
Una de las cosas que llama la atención de Fuertes es que, paralelamente a la estrategia policial y militar, debe desplegarse una táctica política.
Sin embargo, durante esta primera semana de paro, el Gobierno únicamente ha desarrollado una estrategia basada en la fuerza pública, sin un esquema político adecuado.
El Gobierno podrá resistir este paro que no es nacional y tiene sus focos en la Sierra norte.
Además, señala que el silencio de Leónidas Iza no es casual porque está generando un vacío para que lo extrañen, ya que el liderazgo de Marlon de Vargas no es ni parecido.
Juan Manuel Fuertes finalizó señalando que al momento hay dos grandes beneficiarios Leónidas Iza y el Correísmo.
