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La ONU condena la violencia y el ataque militar a periodistas con gas lacrimógeno, urgiendo a un diálogo inclusivo tras la muerte de un manifestante.
Amaya Sevilla
El Paro Nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) contra la eliminación del subsidio al diésel ha escalado a una crisis con repercusiones internacionales, marcada por la violencia, la muerte de un manifestante y la creciente preocupación de organismos globales por los derechos humanos y la libertad de prensa.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció sobre los acontecimientos. António Guterres, secretario general, expresó su «profunda preocupación» por la escalada de violencia, que incluye la muerte del comunero indígena Efraín Fuérez y la retención de militares con heridas graves.
“El Estado debe investigar las responsabilidades por esta muerte de forma exhaustiva y transparente, garantizando el acceso a la justicia para su familia y comunidad”, aseguró Jan Jarab, representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur. También solicitó investigar los reportes de varias personas heridas en este contexto, incluidos 12 militares.
Otras entidades como l Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) condenó el uso excesivo de la fuerza que causó la muerte de un manifestante. “Exigimos al Estado ecuatoriano que ponga fin a toda forma de represión y cumpla de manera plena con sus obligaciones” enfatizó la organización.
Ataque directo a periodistas
La violencia en las protestas ha alcanzado directamente a la prensa. Reportes recientes confirman un ataque de militares a periodistas del medio de comunicación digital BN periodismo, a quienes les lanzaron gas lacrimógeno directamente a los ojos mientras cubrían enfrentamientos en Quito la noche de ayer. El medio denunció que miembros de la Policía Nacional gasearon a los periodistas que hacían cobertura del plantón realizado en la Universidad Central del Ecuador.
“Estaba cubriendo debidamente identificado la marcha en la UCE, nos gasearon directamente a los ojos, quiero hacer esta denuncia porque no se está respetando la libertad de prensa” mencionó Andrés Burbano, periodista de dicho medio.
Este incidente se suma a la documentación de France 24 sobre la intimidación a la prensa y la represión en los puntos de conflicto.
ONU denuncia persecución y represión
Las declaraciones de relatores especiales de la ONU han sido frontales. Mary Lawlor, Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos, denunció la persecución a la sociedad civil con congelamiento de cuentas y estigmatización, exigiendo al gobierno que se abstenga de represalias. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) pidió un «diálogo urgente» entre el gobierno de Daniel Noboa y las organizaciones sociales, asimismo El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) exigió a la Corte Constitucional que tumbe el Estado de Excepción decretado por el presidente el pasado 16 de septiembre de 2025. Demandan que el Gobierno debe detener la persecución de dirigentes sociales y manifestantes porque ya hay un fallecido, alrededor de 100 detenidos y unos 60 heridos.
Pérdidas económicas en el país
Medios internacionales como Reuters e Infobae han cubierto ampliamente el impacto económico con pérdidas por más de 42 millones de dólares en el país y la adhesión de sindicatos y comunidades amazónicas al paro.
A pesar de la presión global, el gobierno del presidente Daniel Noboa mantiene su postura de no negociar la eliminación del subsidio al diésel, aunque enfrenta un creciente escrutinio. La crisis ha generado una fuerte polarización en redes sociales, donde activistas y la CONAIE invocan a organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar abusos, mientras el Gobierno acusa de terrorismo y secuestros por la retención de militares.
La condena de la ONU y la cobertura de medios como France 24 y Reuters dejan claro el consenso internacional: es imperativo priorizar el diálogo para detener la espiral de violencia que amenaza la estabilidad del país.
