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El paro en Imbabura expone vacíos en la estrategia estatal, con denuncias de represión, vandalismo y falta de coordinación. Se espera decisiones firmes, diálogo urgente entre comunidades y gobierno.
Decisiones frías, sin acciones ni estrategias, es lo que se evidencia en estos días de paro. Pablo Cueva, experto en seguridad, advierte que lo que se presenta en Imbabura no es un hecho aislado, sino parte de un patrón que se configura un evento peligroso.
Es decir, las marchas pacíficas y el derecho a la resistencia se han transformado en actos de vandalismo, etiquetados como terrorismo.
Hay personas con tendencia terrorista que poseen una preparación básica y atentan contra bienes públicos y privados, en eventos que demuestran cierto grado de peligrosidad.
Cueva cree que se deben tomar decisiones firmes y urgentes, ya que, si bien todo ciudadano tiene derecho a manifestarse, es necesario entender qué lo impulsa.
Las instituciones encargadas de la seguridad y los municipios, cuando se trata de marchas pacíficas, brindan custodia y hacen seguimiento a los manifestantes.
Cuando las protestas se tornan violentas y derivan en actos de vandalismo, se debe esclarecer qué hay detrás de ellas.
“El nivel de respuesta de las instituciones aumenta de acuerdo con el nivel de riesgo y amenaza que están enfrentando”, afirma Cueva.
Por eso, es importante que las autoridades locales se activen y promuevan encuentros de diálogo con las bases de las marchas y con el Gobierno.
Se puede entender que las autoridades sean leales a los partidos en los que militan, pero ahora deben pensar en el bienestar de la provincia.
Uso de la fuerza
Para Cueva, es necesario rechazar todo tipo de vandalismo, así como cualquier acto de extralimitación en el uso de la fuerza.
En el país, la Ley que Regula el Uso de la Fuerza, promulgada en agosto de 2022, establece el manejo de la presencia de autoridad en territorio, seguido por el diálogo, luego el uso de armas no letales y, como último recurso, el uso de armamento letal.
Esa normativa señala que, para manifestaciones pacíficas, no se deben implementar armas letales. Sin embargo, en el caso de Imbabura, se habrían sobrepasado los límites en la respuesta a manifestaciones violentas.
Cuando la amenaza se encuentra reducida, existe un marco de procedimiento que debió aplicarse.
En el caso del fallecido durante las manifestaciones en Cotacachi, se debe esclarecer si el disparo provino de algún miembro de las Fuerzas Armadas, ya que se les atribuye la responsabilidad sin una investigación formal.
Existe un video del momento, pero no se conocen los antecedentes de lo ocurrido antes del suceso.
La oficina de Criminalística determinará el tipo de arma, aunque será complicado establecer a qué institución pertenecía la munición, especialmente si hay orificios de entrada y salida.
En el caso de los 12 detenidos de Otavalo, que enfrentan un proceso de privación preventiva de libertad, deben ser ubicados en la etapa denominada transitoria dentro del sistema penitenciario.
Las cárceles de Esmeraldas y Manabí no cuentan con las condiciones de seguridad adecuadas para esta etapa, lo que compromete la protección requerida.
COE puede articular
El experto considera que, luego de violaciones a derechos humanos y atentados contra bienes públicos, el COE provincial se activó tras siete días de paralización, por exhorto de una autoridad local.
Sin embargo, estos comités deben activarse cuando se atenta contra la población o el territorio, ya sea por eventos de riesgo natural o causados por el ser humano.
Cueva señala que es preocupante que las autoridades hayan respondido siete días después del inicio del paro.
Mientras tanto, los COE cantonales y parroquiales no fueron activados, pese a que tienen competencias.
En el caso de los cantones, además, existen consejos de seguridad ciudadana tanto cantonales como provinciales.
Cueva destaca que la articulación entre todos los miembros es fundamental, ya que contribuye a la toma de decisiones, acciones, estrategias y exhortos dirigidos a las diferentes entidades.
