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La Unicobici decidió retirarse del paro convocado por la Conaie, denunciando falta de liderazgo y coordinación. Exigen la liberación de los 12 comuneros detenidos, investigados por terrorismo.
La mayoría de los 19 dirigentes del consejo ampliado de la Unión de Comunidades Indígenas y Campesinos de Ilumán (Unicobici), en Otavalo, provincia de Imbabura, decidió no continuar apoyando el paro convocado por la Conaie.
Ellos lo denominan como un traslado a las comunidades para reorganizarse y articularse con las organizaciones regionales y provinciales. Se mantendrán en reuniones permanentes.
A la par, se pidió a la dirigencia de la Conaie asumir con responsabilidad y compromiso con el liderazgo y la organización de la resistencia del pueblo indígena, con una actitud firme y contundente.
Se refirieron a Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la Conaie, quien supuestamente ha brillado por su ausencia.
Las críticas también apuntaron a Mesías Flores, presidente de la FICI, quien anunció una supuesta tregua sin tomar en cuenta a las bases.
La presidenta de la Unión de Comunidades Indígenas y Campesinos de Ilumán (Unicobici) se mostró decepcionada porque el paro no fue nacional, sino limitado a un cantón o provincia.
La organización exigió al Gobierno del presidente Daniel Noboa la libertad de los detenidos y la indemnización a las familias afectadas, especialmente a la familia de Luis Efraín Fuérez.
Negociación por tres detenidos
Jorge de la Torre, concejal de Otavalo y comunero de Ilumán, indicó que, por pedido de dirigentes de comunidades y barrios de Ilumán, se accedió a una mesa de negociación por tres compañeros detenidos.
Se trata de Alfredo P., Diego Armando L. y Luis Alberto C., quienes retornaron al Centro de Rehabilitación Social No. 1 de Imbabura desde la cárcel de Portoviejo. Ellos debían salir en libertad ayer, pero por los hechos ocurridos en Atuntaqui, la liberación fue suspendida.
Los comuneros de Ilumán permanecieron desde el primer día del paro en la vía Panamericana E-35, por lo que rechazan cualquier afirmación de que no han estado presentes.
De la Torre hizo un llamado al presidente de la República, Daniel Noboa, para que no tergiverse la identidad de los kichwas Otavalo, quienes no son terroristas, sino artesanos, comerciantes y ‘mindalaes’, vendedores por el mundo.
Situación de comuneros detenidos
Los 12 detenidos, que actualmente cumplen prisión preventiva, son investigados por el delito de terrorismo, cuya pena va de 22 a 26 años.
El caso está a cargo de un fiscal de crimen organizado y delincuencia transnacional, quien durante los 30 días de instrucción fiscal deberá presentar testigos, pruebas y peritajes para emitir el dictamen en la audiencia preparatoria de juicio.
Los abogados han presentado una apelación a la prisión preventiva, pero aún no se ha fijado fecha para la audiencia.
Este 1 de octubre se desarrolló una audiencia de hábeas corpus para solicitar el traslado de los detenidos que aún permanecen en la cárcel de Manabí No. 1.
La audiencia fue suspendida por 24 horas hasta que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) complete el informe de inteligencia que justificó el traslado.
Ayer, esa entidad señaló que el traslado se realizó por motivos de seguridad, ya que los detenidos son considerados líderes peligrosos que atentan contra la seguridad del recinto carcelario de Ibarra.
