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La paralización cumple 30 días, con denuncias de violencia y enfrentamientos políticos. La Asamblea Nacional analiza responsabilidades y exige transparencia en el uso de la fuerza.
Las protestas que se han prolongado por casi un mes, debido al bloqueo sostenido de la vía que conecta a Imbabura con otras provincias, constituyen una grave violación al derecho de libre circulación.
Fausto Iñiguez, Subcomandante General de la Policía Nacional, añadió en su comparecencia ante la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral que esta situación vulnera derechos esenciales como el acceso a la salud, la alimentación y la educación.
Esta comisión legislativa mantiene abierto un proceso de fiscalización sobre los hechos suscitados en el paro, especialmente en la actuación de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
La presencia de actores violentos, añadió el alto oficial, que emplean bombas molotov, explosivos y otros elementos peligrosos ha puesto en grave riesgo la vida de los policías y la seguridad ciudadana.
Iñiguez comentó que la Policía ha adoptado medidas para proteger la seguridad de las personas, de acuerdo con la normativa nacional e internacional.
Emilio Terán, jefe del Departamento de Derechos Humanos de la Policía Nacional, explicó que la institución trabaja con mecanismos de autorregulación del uso de la fuerza en el contexto de protesta social desde antes de 2005.
Incluso, fueron partícipes en la promulgación de la Ley Orgánica del Uso Legítimo de la Fuerza, que acoge estándares a escala regional y mundial.
Andrés Castillo, asambleísta por Pichincha, explicó que esta comisión se instaló a partir del caso de Luis Efraín Fuérez para analizar todos los actos violentos ocurridos durante el paro.
“Si la movilización tiene que seguir, al menos que haya responsables”.
La asambleísta Jahiren Noriega (RC) dijo que le llama la atención la crueldad con la que la fuerza pública habría violentado a los manifestantes.
“La gente sale a protestar porque tiene hambre, no salen a protestar por diversión”.
También habló de la violación de derechos, entre ellos los de las organizaciones sociales. Se refirió a cuatro hechos: dos ocurridos en San Miguel del Común, detenciones arbitrarias en Otavalo y agresiones a periodistas. Además, mencionó las muertes de Luis Efraín Fuérez, José Guamán y Elena Paki.
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Fernando Jaramillo, asambleísta de Imbabura, refutó que no se trata de derecho a la resistencia, sino de actos de violencia, sabotaje y terrorismo.
El militante de ADN añadió que nadie puede utilizar el derecho a la resistencia para cometer delitos como extorsiones a locales comerciales. “Aquí estamos persiguiendo conductas, delitos, por lo que la Policía debe detenerlos”.
Jaramillo señaló que lo sucedido en esta provincia tiene nombre y apellido, haciendo referencia a la alcaldesa Anabel Hermosa.
También dijo que se busca que la Fiscalía, que inició una investigación previa por el presunto delito de “enriquecimiento privado no justificado” contra 58 personas —entre ellas el prefecto y la viceprefecta de Imbabura, y la alcaldesa de Otavalo de la Revolución Ciudadana— deje sin efecto esa indagación.
“El Ecuador debe saber lo que está detrás de este paro”.
Mariana Yumbay, asambleísta de Pachakutik, dijo que fueron convocados para llevar adelante el proceso de fiscalización, pero no hay interés en transparentar los protocolos utilizados.
“Va a ser otro saludo a la bandera, no va a haber una fiscalización seria, objetiva; aquí lo que se trata es de legitimar las acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía”.
Karolina Dueñas, asambleísta (ADN), también se refirió a que están presentes para fiscalizar los hechos y aclarar los actos de violencia.
