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El Colegio de Abogados de Imbabura solicitó a la Fiscalía investigar presuntos delitos cometidos durante el paro. El gremio apunta a dirigentes indígenas y autoridades locales como posibles responsables.
En un comunicado difundido por redes sociales, el Colegio de Abogados de Imbabura pidió al fiscal provincial, Andrés Ponce, que inicie las investigaciones correspondientes por presuntos delitos cometidos durante los 30 días de paro.
Entre las infracciones señaladas se mencionan terrorismo, paralización de servicios públicos, daño a bien ajeno, secuestro y tortura de militares, extorsión, lesiones, intimidación, daños a la naturaleza, entre otros.
El documento, suscrito por los abogados Fernando Vega (presidente) y Betty Sánchez (secretaria), presentado el 21 de octubre de 2025, señala que, por iniciativa fiscal o de oficio, la Fiscalía puede establecer los diferentes delitos cometidos en los cantones Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante e Ibarra.
El gremio considera que se debe identificar a los autores en sus distintas modalidades de participación, así como también a sus cómplices.
Estas indagaciones, señala el comunicado, deberían incluir a dirigentes indígenas de la CONAIE, FICI, UNORCAC, Pueblo Kichwa Otavalo y Pueblo Karanki.
Otro de los pedidos es que se investigue la participación y el grado de responsabilidad de autoridades provinciales, como el prefecto, la viceprefecta y los alcaldes de Cotacachi y Otavalo.
Afectación a derechos a terceros
El Colegio de Abogados indicó que, desde el 22 de septiembre, el paro convocado por la CONAIE se ha focalizado en Imbabura, afectando principalmente en los cuatro cantones.
El gremio expone que se han colocado obstáculos en varios puntos, lo que ha impedido la circulación de vehículos y ha afectado el derecho a la movilidad.
Este hecho ha dificultado la salida e ingreso de productos de primera necesidad, medicinas, combustibles y gas.
Los manifestantes, agrega el comunicado, con actitudes intimidantes y portando lanzas y palos con clavos en las puntas, han generado temor entre los habitantes, especialmente entre quienes no están a favor del paro.
“Obligan a cerrar todos los establecimientos, tanto públicos como privados, ocasionando significativas pérdidas económicas a quienes no pueden ejercer sus actividades comerciales. Los vehículos, motos y bicicletas tampoco pueden circular libremente; sus llantas son reventadas y sus conductores agredidos”.
También se denuncia que, en días pasados, dirigentes pertenecientes a la UNORCAC emitieron amenazas públicas contra los ibarreños en el sector del Obelisco, en la ciudad de Ibarra.
