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El jurista advierte que la minería ilegal en Buenos Aires, Imbabura, ha dejado un grave daño ambiental y social que el Estado no ha resuelto. Soria exige una depuración institucional y que los responsables de los últimos gobiernos asuman las consecuencias.
El bombardeo a focos de minería ilegal como Mina Vieja, Mina Nueva, Mina El Olivo y Esperanza de Río Verde, en la parroquia Buenos Aires, cantón Urcuquí, fue exitoso, pero no resuelve el foco contaminante de la zona.
Franklin Soria, cuya tesis de maestría en Derecho Constitucional Ambiental y Derechos Humanos versa sobre la minería ilegal en Buenos Aires — “Daño ambiental: ¿quién lo va a resolver?” – explica que ese foco contamina el agua y el suelo de una naciente del río Lita. Este es afluente del río Mira, que forma parte de la cuenca binacional Mira-Mataje, por lo que cualquier ciudadano ecuatoriano o colombiano podría demandar al Estado por la contaminación del río Lita-Mira.
Soria señala que en Buenos Aires se ha destruido el tejido social; hay daño al ambiente —suelo, aire, agua, sistema biótico—; ha sido un imán para grupos irregulares; y se ha degenerado la vocación agrícola de la zona, convirtiéndola en una zona de servicio para la minería ilegal. Esta no utiliza niveles industriales ni tecnología que permita mitigar el brutal impacto ambiental.
En esa localidad imbabureña persiste un foco de contaminación incluso después de la salida de los mineros ilegales. “Esos insumos de la minería se habrán destruido, repartido, ampliado… el Estado no ha hecho nada”, afirma.
Por ello, el abogado considera que la instalación de un destacamento militar no resolverá las necesidades de desarrollo de la zona norte, que debería integrar sus potencialidades agrícola, turística y minera.
Depurar entidades de control
Para el experto, el problema de fondo de la minería ilegal se resuelve atacando sus causas. En 2019 se realizó el operativo Brillante Amanecer, que incautó una gran cantidad de rocas con oro, las cuales fueron trasladadas a las bodegas de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). Sin embargo, se detectó el denominado “cambiazo”: los sacos que contenían ese material minero fueron cambiados por piedras sin valor, lo que permitió que alguien se enriqueciera con esos recursos.
Arcom entregó ese material a un beneficiario por lo que el Estado debía recibir cinco millones de dólares, pero solo se le pagó 1,3 millones. Soria considera que esta tragedia generada por la minería no se ha resuelto porque las entidades de control están contaminadas.
El Gobierno debe realizar un proceso de depuración en las dependencias de Minas, Arcom, Enami y Ambiente, que permita separar a los malos funcionarios y exigir pagos de compensación por daño ambiental. O, en su defecto, determinar los culpables y beneficiarios de la minería ilegal en Buenos Aires tras ocho años, y que ellos asuman el pasivo ambiental.
El jurista especializado sostiene que esa responsabilidad recae en funcionarios de los últimos cuatro gobiernos, quienes sabían lo que estaba ocurriendo y permitieron que creciera.
Otro proyecto minero
En el caso Cascabel, en la parroquia Lita, en Ibarra, se debe conocer que la firma a cargo de la exploración es una empresa junior, es decir, tiene la capacidad económica para investigar y detectar las riquezas geológicas. Soria indicó que se tiene entendido que parte de la inversión necesaria para esta mina está en manos de una empresa china, lo que resulta preocupante, ya que los estándares climáticos de ese país no son los mismos que los de empresas de países más comprometidos con el ambiente, como Canadá.
Hay detalles como el transporte del mineral mediante un mini ducto, de forma terrestre. También llamó la atención el anuncio de trasladar a la comunidad de Santa Cecilia, sin que se conozca a qué sitio ni en qué condiciones, para continuar con el proyecto minero.
Caso frontera sur
En el sur, la zona de Zaruma y Portovelo, en el río Calera -afluente del Puyango- forma parte de la cuenca Puyango-Tumbes, contaminada por actividades de minería legal. Esos focos contaminantes dieron paso a una demanda del Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está por resolverse con argumentos relacionados con la afectación a una cuenca binacional.
“Este no es un problema de lo que dice la Constitución del Ecuador, sino de lo que establece el derecho internacional ambiental, por lo que el Estado ecuatoriano debería responder por esta contaminación binacional”, concluye.
