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La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito rechazó los hallazgos, alegando falta de rigor técnico en la auditoría. El informe del examen especial revela pagos indebidos y fallas.
La Contraloría General del Estado determinó glosas por un monto de 5’761.274,41 dólares (responsabilidades civiles) y 81.265 dólares en responsabilidades administrativas, tras la auditoría realizada a la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito.
El informe No. DNA6-EP-0003-2025, correspondiente a este examen especial, abarca el período comprendido entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024.
En dicho análisis se evaluó el convenio de ejecución de la Primera Línea del Metro de Quito, Fase 2, que incluyó la construcción de obras civiles, provisión y montaje del sistema de equipamiento e instalaciones, así como los contratos para la gerencia del proyecto Metro de Quito.
Una de las novedades detectadas fue la diferencia entre las cantidades de obra planificadas y las realmente ejecutadas. Según el ente de control, el Municipio de Quito pagó 100.961,16 dólares al contratista de las 15 estaciones del Metro por cantidades no ejecutadas; es decir, se verificó que se presentaron planillas distintas a las obras realizadas.
La Contraloría también examinó la fiscalización de la Fase 2, la adquisición y financiamiento del material rodante, vehículos auxiliares, equipos y herramientas de taller, y el lote de repuestos.
Los resultados revelaron que, en la contratación de seguros para las 18 unidades de tracción y obras recibidas por la Empresa, así como en el mantenimiento preventivo y correctivo del material rodante y vehículos auxiliares, se eludieron los procedimientos de contratación pública.
Esto provocó que la municipalidad pagara al consorcio responsable un total de 2’633.637,25 dólares, correspondientes a costos indirectos del convenio de ejecución de obra.
Además, se cancelaron 2’503.602 dólares a proveedores de material rodante que presentaron un rendimiento inferior al 98 % propuesto, incumpliendo así las especificaciones técnicas establecidas.
En el caso de las pruebas ATO del sistema de señalización ferroviaria, una de las unidades, la número 16, se descarriló y sufrió daños por un valor de 441.809 dólares, los cuales no fueron asumidos ni resarcidos por el consorcio. La unidad permaneció fuera de servicio durante 402 días. Una de las causas identificadas fue la falta de capacitación por parte de los técnicos de ALSTOM, subcontratista del consorcio, quienes no instruyeron al personal sobre los procedimientos de manejo ni supervisaron adecuadamente la ejecución de las actividades durante las pruebas.
Empresa rechaza examen
Por su parte, la Empresa Metro de Quito rechazó los resultados de este examen especial, que abarca tres administraciones municipales, ocho gerencias, el consorcio Acciona CLI, el fiscalizador Metro Alianza y el gerenciador del proyecto GMQ.
La empresa señaló que el equipo auditor desconoce los convenios internacionales aplicables, lo que ha derivado en conclusiones incorrectas y carentes de sustento técnico y jurídico.
Asimismo, destacó que el contrato FIDIC y la normativa europea en materia ferroviaria fueron los marcos bajo los cuales se construyó y ejecutó la Primera Línea del Metro, con el monitoreo permanente de la banca multilateral que financió la obra.
La Empresa anunció que ejercerá las acciones legales correspondientes y espera que se respete el debido proceso y su legítimo derecho a la defensa.
