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La municipalidad inició un proceso coactivo contra Senescyt por una deuda tributaria. Entre las medidas figura el remate de aproximadamente 300 hectáreas del fallido proyecto Yachay.
El Juzgado de Coactivas del Municipio de San Miguel de Urcuquí tramita un proceso de remate de aproximadamente 300 hectáreas del proyecto Ciudad del Conocimiento Yachay.
Esta iniciativa, considerada la más representativa del gobierno del expresidente Rafael Correa, se ubica en este cantón de la provincia de Imbabura. Su objetivo era crear una ciudad planificada con fines de investigación, ciencia y tecnología, que funcionara como núcleo la Universidad Yachay Tech.
Joaquín Lalama, procurador síndico del Municipio de Urcuquí, indicó que el procedimiento coactivo por los valores adeudados por la Senescyt se ha desarrollado conforme a derecho y de manera transparente.
El pasado 10 de diciembre se presentaron ofertas, aunque no por la totalidad de los seis bienes que serán rematados, por lo que corre el plazo de tres días para calificarlas.
En los próximos días se tomará la decisión de adjudicar los bienes a los oferentes que resulten ganadores.
El Municipio de Urcuquí, bajo la administración de Tyrone Vega, inició el proceso coactivo contra Yachay EP, luego Inmobiliar, y ahora el Ministerio de Educación, el cual incluye el embargo, avalúo y orden de remate de los bienes inmuebles.
Durante ese período se emitieron los títulos de crédito, pero la Senescyt planteó una acción de protección contra el Municipio, argumentando que no se respetó el debido proceso, ya que supuestamente se mezclaron tasas y multas. En el caso de estas últimas, el procedimiento administrativo sancionador fue mal llevado, por lo que el juez anuló el valor correspondiente.
La entidad estatal mantiene una deuda pendiente con la municipalidad por concepto de tasas. Por ello, Lalama explicó que, en julio de 2024, notificaron a la Senescyt sobre la obligación tributaria, cuyo monto —según trascendió— bordearía los seis millones de dólares.
Expropietaria pide nulidad del remate
Patricia Endara, expropietaria, solicitó mediante un escrito presentado el pasado 11 de diciembre la declaratoria de nulidad del procedimiento coactivo, apelando supuestamente al derecho constitucional de reversión.
A Endara le fueron expropiados los lotes Tres-A, Tres-B y Tres-C mediante la Resolución Inmobiliar-2011-439, con fines de utilidad pública para el proyecto Yachay. En el proceso, al igual que otros expropietarios, se le canceló la totalidad del valor de los predios, aplicando el precio justo.
El proyecto implicó la expropiación de haciendas como San Eloy, Las Marías, Los Laureles y San José, pero enfrentó diversos problemas, entre ellos supuestas construcciones sin permisos municipales, abandono de infraestructuras y los procesos de liquidación de Yachay EP y, posteriormente, de Siembra EP.
Sin embargo, Lalama explicó que ayer se notificó a la ciudadana que su petición es improcedente, por cuanto se encuentra prescrita. El jurista añadió que el artículo 69 de la Ley de Contratación Pública establece un plazo de tres años para que, en caso de que no se haya ejecutado la obra para la cual se declaró la utilidad pública, pueda aplicarse la causal de reversión.
