La Naranja Ec Noticias 'fresh' del Ecuador y el Mundo
La Dirección Provincial de la Defensoría Pública en Imbabura reportó una alta demanda en procesos penales y de asistencia social durante el 2025. Con un equipo de 20 abogados especializados, la institución reafirma su autonomía y su misión de brindar patrocinio legal gratuito.
La Defensoría Pública en Imbabura atendió un total de 4491 asesorías y 8073 patrocinios durante el 2025. Según Roberto Almeida Villalba, director provincial, la mayoría de los casos asistidos corresponden a la materia penal de procesados (4503 casos) y penal de víctimas (1087 casos).
En el ámbito penal, se distinguen contravenciones y delitos. Las primeras son sanciones de hasta 30 días que ocurren entre particulares, por lo que no interviene la Fiscalía General del Estado. La misión principal de la Defensoría Pública es proveer abogados gratuitos a personas que carecen de recursos para contratar dichos servicios; actualmente, el 70 % de los casos obtiene resultados positivos.
A través de la asesoría, los ciudadanos pueden consultar cualquier situación legal en la institución. En el caso del patrocinio, la entidad asume la defensa, lo que comprende, entre otras responsabilidades, la presentación de escritos procesales y la asistencia a las audiencias.
Las líneas principales de actuación se centran en materia penal —enfocada en la defensa de personas sospechosas de delitos y de víctimas de violencia de género, entre otros—. En materia no penal, se abarcan áreas como familia, niñez y adolescencia, garantías jurisdiccionales, inquilinato, laboral y movilidad humana.
La provincia cuenta con 20 abogados: 11 en el cantón Ibarra, 4 en Otavalo, 2 en Cotacachi, 2 en Antonio Ante y 1 para Urcuquí y Pimampiro. Estos defensores públicos laboran por áreas especializadas: defensa penal para procesados, atención a víctimas, área social (mujer, niñez y adolescencia), movilidad humana y garantías jurisdiccionales.
En las demandas por alimentos, los defensores abogan por el titular de los derechos, independientemente de si es el padre o la madre. Para estos casos, también cuentan con la Red Complementaria de la Defensoría Pública; si una persona demandada requiere un defensor gratuito, puede ser derivada a los consultorios jurídicos gratuitos en Ibarra y Otavalo.
La Defensoría Pública es autónoma de la Función Judicial, al igual que la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura. Generalmente, se le confunde con la Defensoría del Pueblo; sin embargo, esta última actúa en casos relacionados con la Ley de Defensa del Consumidor, acciones de protección a favor de la naturaleza y procesos de veeduría ciudadana.
“Muchos de los defensores públicos atienden cuatro o cinco audiencias al día, lo que los diferencia de los abogados en libre ejercicio, pues poseen una amplia experiencia práctica”, señaló Almeida.
