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El Gobierno de Colombia prepara un nuevo decreto para imponer un arancel del 30 % a 23 productos ecuatorianos, en respuesta a la medida similar adoptada por el presidente Daniel Noboa.
El Gobierno colombiano alista un nuevo Decreto Ejecutivo para imponer aranceles del 30 % a nuevos productos de Ecuador.
La ministra de Comercio, Diana Morales, señaló que, ante la decisión unilateral de Ecuador de aplicar un arancel del 30 % a los productos colombianos, el Estado se ve obligado a actuar para mantener el equilibrio en la relación comercial con el país vecino. “Con el equipo técnico hemos llevado a cabo un proceso de análisis para la imposición recíproca de un 30 % a 23 productos ecuatorianos”, afirmó Morales.
Estos artículos se suman a los 23 productos gravados el viernes pasado en respuesta a la sobretasa aplicada por el presidente Daniel Noboa a las importaciones colombianas, justificada por una presunta falta de apoyo en la lucha contra el narcotráfico.
Por su parte, la canciller Rosa Villavicencio anunció que Colombia propuso una reunión con el Gobierno de Ecuador para los días 27 y 28 de enero, pero no recibió respuesta. Según Noticias Caracol, se espera que en el Foro Económico Internacional de la CAF —que inicia en Panamá este 28 de enero— se realice un encuentro de alto nivel entre ministros de Economía, aunque se descartó una reunión entre mandatarios. Asimismo, Villavicencio confirmó que planean acudir a la Comunidad Andina ante la imposición de aranceles que afecta la economía regional.
Consejo de Consultivo de la CAN muestra su preocupación
Entre tanto, los miembros del Consejo Consultivo Empresarial Andino expresaron su preocupación por las medidas anunciadas, debido a los posibles impactos desfavorables en el comercio bilateral, los mercados locales y los sectores productivos de ambos países.
El Consejo advirtió que la interrupción de estos flujos impactará directamente en la producción, el empleo y los ingresos de productores y consumidores. Finalmente, recordaron a los países miembros que cualquier medida adoptada debe enmarcarse necesariamente en el ordenamiento jurídico andino.
