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La Fiscalía procesó a 10 personas por presunta delincuencia organizada en la Agencia Nacional de Tránsito; un juez dictó prisión preventiva para nueve de los implicados y dispuso medidas alternativas para una procesada, mientras la instrucción fiscal se extenderá por 90 días.
Un juez a cargo de la audiencia del denominado caso “Jaque” dictó este sábado prisión preventiva para nueve de los diez procesados por el presunto delito de delincuencia organizada en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
La Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía, durante la audiencia de formulación de cargos, expuso los elementos de convicción, por lo que el juez ordenó prisión preventiva contra Pedro A., Ximena C., Oswaldo H., Edwin S., Gustavo C., Dora S., Manuel P., Carlos O. y Enrique C.
Asimismo, dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país para Emma A. La instrucción fiscal se extenderá por un período de 90 días.
Los implicados fueron capturados durante un operativo simultáneo ejecutado la madrugada del 30 de enero en las provincias de Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas. El ministro del Interior, John Reimberg, indicó en su cuenta de X que también se realizó un allanamiento en Imbabura.
Los procesados serían parte de una presunta red de corrupción dedicada a la emisión irregular de licencias, permisos de operación y otros documentos.
La Fiscalía reveló en la audiencia que, tras una denuncia recibida a través del 1800-Delito, se inició una investigación en julio de 2025. En la delación se advirtió que un grupo de personas —en su mayoría funcionarios de la ANT— habría cobrado entre 150 y 250 dólares por trámite, de acuerdo con la información obtenida en el proceso, para otorgar matrículas, licencias o permisos de operación sin la necesidad de obtener turnos.
Con base en esa información, se aplicaron técnicas especiales de investigación, como seguimientos y vigilancias, mediante las cuales se recabaron indicios que configurarían la comisión del delito por parte de los acusados. Posteriormente, se ejecutó el operativo para su detención.
Durante las inspecciones se incautaron documentos, dispositivos electrónicos, cientos de licencias, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento y dinero en efectivo, los cuales fueron presentados en la diligencia como elementos de convicción, tras los 23 allanamientos realizados.
En la audiencia también se presentaron los partes policiales de las detenciones, las versiones de los agentes que participaron en el operativo y de las personas procesadas, así como los informes de inspección ocular técnica y levantamiento de evidencias. Estos indicios fueron puestos bajo cadena de custodia y serán sometidos a pericias para la obtención de nuevos elementos dentro de la investigación.
Los procesados podrían enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión, conforme a lo establecido en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica el delito de delincuencia organizada.
