La Naranja Ec Noticias 'fresh' del Ecuador y el Mundo
Una auditoría detectó un presunto perjuicio económico que bordearía el millón de dólares en el Sindicato de Trabajadores del Municipio de Ibarra. El caso es investigado por la Fiscalía de Imbabura por un posible abuso de confianza.
Trabajadores del Municipio de Ibarra solicitaron a la Fiscalía de Imbabura que se investigue un supuesto perjuicio económico que bordearía el millón de dólares.
Mediante una auditoría realizada tras cuatro años de gestión de Daniel D., exsecretario general, y Pamela A., exsecretaria de Finanzas, se detectaron estas presuntas irregularidades.
El caso fue puesto en conocimiento de la entidad fiscal el 18 de agosto de 2022 por un aparente delito de abuso de confianza, luego de la aprobación de una asamblea general integrada por más de 350 trabajadores.
Patricia Amaya, secretaria general de los Trabajadores del Municipio de Ibarra, explicó que, tras asumir la dirección de la organización, representantes de 11 empresas proveedoras informaron sobre un presunto incumplimiento en el pago de obligaciones.
Previamente, una auditoría realizada por Juan Carlos Suquillo arrojó un supuesto perjuicio económico de entre 500.000 y 600.000 dólares; sin embargo, posteriormente, un perito contable de la Fiscalía habría determinado una cifra cercana al millón de dólares. Se presume que existió un desvío de fondos y, según Amaya, se desconoce el destino de ese dinero.
Los anteriores dirigentes habrían ampliado convenios con establecimientos de bienes y servicios, en los cuales los trabajadores podían realizar compras. Posteriormente, las proveedoras emitían las planillas correspondientes y los valores eran prorrateados en varios meses.
El Sindicato tenía la obligación de descontar esos valores a los socios y transferirlos a las casas comerciales, lo cual no se habría cumplido. Se calcula que la deuda con las proveedoras alcanzaría los 471.000 dólares.
Adicionalmente, la organización sindical contaba en 2018 con un fondo interno de 380.000 dólares y una libreta de ahorros de 68.000 dólares; no obstante, tras cuatro años de gestión, la nueva directiva recibió las cuentas con apenas 500 dólares.
Este hecho se manejó inicialmente de manera interna, pero debido al tiempo transcurrido se decidió hacerlo público.
La dirigente indicó que la indagación consta de al menos 18 cuerpos y más de 1.000 fojas, en las que se recabaron versiones de representantes de empresas proveedoras, del Municipio, del SRI y de una mutualista.
Luego de un año y medio, la fiscal que conocía el caso determinó que este pase a la Sala de Patrimonio Ciudadano como un presunto delito de estafa. Amaya señaló que tenía la esperanza de que el proceso avanzara; sin embargo, tras denunciar la demora, las autoridades de la Fiscalía asignaron una nueva fiscal.
La funcionaria a cargo considera que no se trata de un caso de estafa, sino de abuso de confianza, por lo que los abogados del Sindicato han solicitado a la Corte de Justicia que se revise el expediente y se derive a la Fiscalía de Soluciones Rápidas.
“Nosotros sentimos que estamos mendigando que se haga justicia con los trabajadores de la ciudad de Ibarra”, aseguró Amaya.
Daniel D. continúa laborando en la institución, mientras que Pamela A. renunció a su cargo.
María Villarreal, secretaria alterna de Asesoría Jurídica, espera que la Fiscalía permita esclarecer este perjuicio de la organización.
