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La Cámara de Minería del Ecuador respalda el proyecto de Ley que busca atraer inversión, modernizar el marco legal vigente desde 2009 y mantener los controles ambientales.
La Cámara de Minería del Ecuador aspira a que el Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, calificado como urgente en materia económica, cumpla con uno de sus principales objetivos: convertir al Ecuador en un destino de inversión minera.
Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara, explicó en entrevista en Vis a Vis con Janet Hinostroza que en el sector minero la competencia no se da entre concesionarios ni entre compañías, sino entre jurisdicciones.
Es decir, en las bolsas de valores del mundo se levantan capitales para proyectos de exploración o para la construcción de minas, lo que representa desafíos financieros. Por ello, cuando surgen esos fondos, las jurisdicciones compiten por captar esos capitales. Silva aseguró que en la región hay competidores fuertes como Chile, Perú y, recientemente, Argentina; sin embargo, señaló que Ecuador, debido a algunos tropiezos, se está quedando fuera de esa competitividad.
La representante del sector añadió que el proyecto de ley busca volver competitivo al país y modernizar un marco legal vigente desde 2009, además de enfrentar la minería ilegal.
Una de las propuestas es actualizar el régimen de las fases mineras. En cualquier país, la minería industrial se desarrolla durante varios años, ya que la fase de exploración demanda mucho tiempo y millones de dólares en inversión.
Sin embargo, en Ecuador se obligaba al concesionario a que la exploración inicial durara cuatro años y la exploración avanzada otros cuatro. Además, se establecían cuatro años adicionales para estudios económicos, lo que, según Silva, constituye una camisa de fuerza que no existe en otras jurisdicciones.
En el nuevo proyecto se establecen cuatro años para la exploración inicial y posteriormente se otorga mayor margen de trabajo.
Silva aseguró que no existe flexibilización de los controles ambientales; es decir, no disminuirá la exigencia ambiental. Aunque reconoció que se utiliza el término “autorización ambiental” como un concepto genérico, precisó que dentro de los requisitos se incluyen la licencia ambiental, estudios de impacto y otras exigencias.
“Todo proyecto minero o no minero que pueda eventualmente causar un impacto ambiental requiere una consulta ambiental, que es la base para obtener la licencia ambiental”, indicó Silva.
En cuanto a la consulta previa, recordó que Ecuador es suscriptor del Convenio 169 de la OIT desde hace más de 25 años. Este mecanismo de participación ciudadana se aplica con las comunidades de influencia directa de un proyecto extractivo, en caso de que existan nacionalidades ancestrales.
Sobre proyectos mineros como Mirador y Fruta del Norte, que deben contar con sus propios sistemas de generación eléctrica, agregó que en 2024, debido a los apagones, estos proyectos empezaron a generar su propia energía. Los nuevos proyectos que se construirán ya contemplan la autogeneración eléctrica.
