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La propuesta plantea reformas a la Ley de Minería y a la normativa eléctrica para reforzar la rectoría del Estado, modernizar el sistema energético y fortalecer los controles ambientales y el régimen de regalías.
El informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, calificado como urgente en materia económica, fue aprobado con ocho votos en la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.
Uno de los objetivos de la ley es optimizar la gestión pública y privada en minería y energía eléctrica, mediante disposiciones de carácter especial.
En la Ley de Minería se reforman varios artículos, con lo que se busca reforzar la rectoría del Estado. Entre los cambios constan la definición de competencias institucionales, la regulación de los actos administrativos previos a la actividad minera y la actualización del régimen de patentes de conservación, así como de las etapas de exploración y explotación. También se incorpora un nuevo capítulo sobre fomento y promoción de la inversión, clústeres mineros y áreas con protección de seguridad estratégica.
Paralelamente, se plantean reformas orientadas a fortalecer los controles ambientales, el régimen de regalías, la distribución de recursos hacia los gobiernos autónomos descentralizados y la regulación de la pequeña minería y la minería artesanal, priorizando la sostenibilidad, la seguridad jurídica y el desarrollo territorial.
En el área eléctrica, se proponen cambios a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica para modernizar conceptos como generación distribuida, autoabastecimiento y distritos autónomos energéticos; establecer reglas claras para la participación excepcional de empresas privadas, estatales extranjeras y de la economía popular y solidaria; y crear mecanismos como el Mercado de Capacidad, con el fin de garantizar la seguridad, suficiencia y confiabilidad del sistema eléctrico nacional.
Además, se contemplan disposiciones sobre títulos habilitantes, garantías financieras, reversión de bienes al Estado, despacho económico, autogeneración y distribución de utilidades para proyectos de desarrollo territorial en las zonas de influencia.
La aprobación se produjo luego del análisis de las observaciones formuladas durante el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional y de los aportes recibidos en el proceso de socialización con representantes de instituciones públicas y gremios productivos.
El informe para segundo debate será remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional para su inclusión en el orden del día del Pleno, donde será debatido y sometido a votación final, conforme al procedimiento previsto para los proyectos calificados como urgentes en materia económica.
