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Además, recordó que la competencia de aprobar planos recae exclusivamente en el Gobierno Autónomo Descentralizado, según la normativa vigente.
Iván Hinojosa, director de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Municipio de Ibarra, anunció que depurarán el proceso de aprobación de planos y que se cumplirán los tiempos establecidos, tras la queja hecha pública por varios profesionales.
Incluso, adelantó que se encuentra listo el borrador de la Ordenanza de Entidades Colaboradoras que pasará a la Comisión de Planificación para su análisis y presentación al Concejo Municipal. Uno de los cambios que se plantea que no solo el Colegio de Arquitectos de Imbabura (CAI) pueda hacer la revisión de los planos arquitectónicos sino también estructurales, al igual que el Colegio de Ingenieros Civiles de Imbabura (CICI) sume a su proceso.
El Municipio de Ibarra firmó un convenio con el CAI y el como entidades colaboradoras para la aprobación de planos arquitectónicos y estructurales. Cada mes se aprueba entre 60 a 80 planos nuevos.
Los procesos internos que manejan estas entidades colaboradoras pueden revisarse en el sistema, donde constan los tiempos y las demoras. Hinojosa citó como ejemplo un proceso en el que la revisión del CAI tardó alrededor de dos meses y fue devuelto al usuario por falta de documentación que debía ser justificada.
El funcionario señaló que antes el modelo de gestión contemplaba un plazo máximo de entre tres y cinco días; sin embargo, la actual coordinación solicitó que se incremente a ocho días. No obstante, este plazo no se está cumpliendo, ya que el trámite llega a la bandeja del asistente y permanece hasta 10 días sin siquiera pasar al técnico.
También hay profesionales que se quejan porque el sellado del proceso se demora hasta 15 días en el despacho del director. Hinojosa explicó que existen trámites pendientes desde diciembre, cuando el Colegio de Arquitectos realizaba el proceso de traslado al Municipio, lo que generó rezagos.
El sistema municipal SmartGob, que digitaliza los procesos, se implementó desde mayo de 2025 e incluyó una fase de diagnóstico, pruebas y capacitación. No precisó el costo del sistema —que, según trascendió, ascendería a 500.000 dólares—, el cual fue contratado mediante consultoría.
El director indicó que han capacitado a las entidades colaboradoras y socializado el proceso, especialmente en los problemas detectados y las correcciones aplicadas. Sin embargo, considera que la responsabilidad también recae en los gremios para que repliquen la capacitación a la ciudadanía.
Cuando Hinojosa presidía el Colegio de Arquitectos de Imbabura, en virtud del convenio suscrito entre el gremio y la municipalidad, el plano arquitectónico se aprobaba y los profesionales y constructores iniciaban la obra. No obstante, el trámite debía pasar al Colegio de Ingenieros Civiles de Imbabura para el visto bueno de los planos estructurales; recién entonces se emitía el permiso de construcción.
Hinojosa explicó que el proceso se enmarca en la normativa nacional vigente desde 2018 sobre eficiencia en los trámites administrativos. Esta establece el uso de herramientas tecnológicas para incrementar la eficiencia y permitir, con transparencia, el seguimiento de cada trámite.
Entre los procesos delegados constaban la aprobación de planos arquitectónicos, lotizaciones, fraccionamientos y aforos, entre otros, que asumían como entidad colaboradora.
Para ello, el colegio profesional definió un equipo técnico de revisión conformado por revisores, coordinadores y especialistas en el área legal.
Sin embargo, Hinojosa aseguró que el acuerdo inicial no estuvo basado en un proceso legal y que, en 2023, la Contraloría General del Estado determinó que no existía supervisión técnica adecuada y que la aprobación debía permanecer en manos del Municipio.
Según el Cootad (artículo 54, literal o; artículo 55, numeral 2), se establece como competencia exclusiva de los municipios el uso y control del suelo y su gestión, lo que incluye la regulación de la construcción.
“La aprobación de planos arquitectónicos y de servicios es obligación del Gobierno Autónomo Descentralizado y no puede delegarse a entidades particulares”.
Por su parte, Edward Vásquez, presidente del CAE Imbabura, señaló que los reclamos ciudadanos no se derivan de la sistematización de los trámites, sino de los cambios frecuentes en los procesos y procedimientos delegados a los colegios profesionales.
Además, indicó que no se han podido realizar socializaciones porque hasta el 19 de febrero se entregaron de manera documentada los procesos lineales, pero únicamente de planos arquitectónicos, lo que, en la práctica, significa volver a los procedimientos anteriores.
