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La abogada Andrea Cazar, una de las 75 postulantes al cargo de fiscal general del Estado, confía en que el proceso de selección se realice con transparencia y se base en méritos y oposición.
Andrea Cazar Villacís, una de las 75 postulantes al cargo de fiscal general del Estado, está convencida de que este concurso público está dirigido a profesionales que cumplan con los requisitos establecidos.
Considera que, más allá de las exigencias de ser ecuatoriano, poseer título de abogado y contar con probidad notoria, se requiere al menos 10 años de trayectoria profesional, entre las 21 condiciones que contempla el reglamento del concurso y que deben ser justificadas por los aspirantes a dirigir la institución.
La abogada descarta que el concurso tenga detrás una sombra política. No obstante, entre los postulantes existe la esperanza de que este proceso se realice con transparencia y responda a un verdadero concurso de méritos y oposición.
“La desconfianza no puede ser el limitante para poder participar; incluso está dentro de los derechos constitucionales”, señaló.
Sin embargo, considera que la transparencia se irá evidenciando durante el desarrollo del proceso, como ha ocurrido en otros concursos. Cazar recordó que en 2023 participó en el concurso para la Defensoría Pública Nacional, en el que de 50 aspirantes quedaron 12.
Por ello, subrayó la importancia del trabajo de la Comisión Ciudadana de Selección, cuyos integrantes deben actuar con transparencia y no pertenecer a ningún partido político. La comisión deberá verificar los formularios de postulación y las certificaciones de instituciones como la Contraloría General del Estado, el Ministerio de Trabajo, el Sercop, el SRI y el IESS, además de comprobar que los postulantes no hayan participado en procesos electorales en los últimos cinco años.
Este proceso forma parte de la segunda fase del concurso, que corresponde a la etapa de admisibilidad y reconsideración. En esta última, los aspirantes que no sean admitidos podrán justificar y subsanar las observaciones realizadas por la comisión para que, de ser el caso, su postulación sea aceptada.
Cazar considera que ser mujer puede representar un valor agregado, pues cree importante que haya más mujeres en cargos de dirección en el país.
- “Me siento orgullosa de estar participando. He sido valiente al tomar una decisión y asumir un reto que es bastante difícil. Puede haber muchos tropiezos, pero lo importante es intentarlo”, expresó.
El factor político puede ejercer un gran peso, pero Cazar afirma que los méritos también deben ser valorados.
Asimismo, considera importante fortalecer la capacitación no solo de los miembros de la Fiscalía, sino también de los funcionarios de la Función Judicial, abogados en libre ejercicio y miembros de la Policía Nacional. Como defensora pública, ha representado tanto a procesados como a víctimas en distintos casos relacionados con delitos, contravenciones penales y violencia intrafamiliar, lo que —según indicó— le ha permitido detectar falencias en el trabajo policial.
Su formación y trayectoria
Cazar posee dos títulos universitarios: uno en Derecho y otro en Comunicación Organizacional. Además, cuenta con tres maestrías en Derecho Civil y Procesal Civil, Derecho Constitucional y Comunicación Organizacional, así como dos diplomados: uno en Derecho Penal y otro en Gobernabilidad.
Ejerce la profesión desde 2010 y ha trabajado en la Defensoría Pública en las áreas penal, social y de movilidad humana. Entre 2010 y 2012 estuvo al frente de la Jefatura Provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Posteriormente, fue directora en Imbabura del Consejo de la Judicatura entre 2018 y 2019, y directora provincial de la Defensoría Pública entre 2021 y 2024. Esta experiencia en gestión administrativa forma parte de los requisitos considerados para el cargo.
