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La Comisión Ciudadana de Selección recibió los 75 expedientes de los postulantes al cargo de fiscal general del Estado. Los comisionados sortearán la revisión de las carpetas y, con apoyo técnico, verificarán requisitos e inhabilidades en un plazo de diez días.
Los 75 expedientes de los ciudadanos inscritos en el concurso de méritos y oposición para elegir al nuevo fiscal general del Estado fueron entregados a los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección.
Piedad Cuarán, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), indicó que los miembros de la Comisión, encargada del proceso para la designación de la primera autoridad de la Fiscalía, deben revisar el cumplimiento de requisitos de las 23 mujeres y 52 hombres que aspiran a ser titulares de la institución. Se trata de la etapa de admisibilidad y reconsideración.
La Comisión anunció que realizará un sorteo público entre sus integrantes para distribuir la revisión de los expedientes. La idea es que cada comisionado, con el apoyo del equipo técnico, también verifique la inexistencia de prohibiciones o inhabilidades reglamentarias. Para ese análisis cuentan con un plazo de diez días.
David Rosero, consejero del CPCCS, considera que, más allá de las críticas que pueda tener el concurso, lo importante es “mojarse el poncho” y contar con la experiencia necesaria para participar, lo que demuestra que el proceso se lleva adelante de la mejor manera.
Los 10 integrantes de la Comisión, que provienen del Gobierno, la Asamblea Nacional, las funciones Judicial, de Transparencia y Electoral, además de cinco ciudadanos, tienen corresponsabilidad en este concurso.
“Lo que puedo garantizar es que el próximo fiscal no va a ser elegido en una sabatina, como se lo hizo anteriormente con el señor Galo Chiriboga”.
Rosero explicó que Chiriboga estaba en los últimos lugares del proceso y que, en uno de los enlaces televisivos del entonces presidente Rafael Correa, se señaló que debía ganar, lo que provocó que pasara de los últimos puestos al primero.
Para este nuevo concurso, señaló que se han presentado jueces nacionales, fiscales y profesionales con amplia trayectoria, por lo que el proceso adquiere relevancia.
Los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección, al final del proceso, elaborarán un informe vinculante y el pleno del Consejo deberá designar al postulante con mayor puntuación.
Cuarán añadió que en este proceso también participan veedores ciudadanos, quienes fueron capacitados y acreditados por el CPCCS y deberán vigilar que el concurso se desarrolle con transparencia.
Incluso, se abrió la veeduría para que más organismos puedan vincularse al proceso de observación, entre ellos colegios de abogados, comisiones cívicas, universidades y profesionales del derecho.
En la fase de oposición se solicitará a universidades docentes en el área del derecho penal para elaborar preguntas destinadas a los casos de litigación y exposición a escala nacional.
Este concurso tiene un cronograma de cuatro meses y una prórroga justificada de hasta dos meses. Rosero señaló que el retraso podría darse en casos de imponderables, como impugnaciones o acciones de protección contra el concurso.
