Municipios: un llamado a la eficiciencia para evitar el derroche

En octubre del año 2010, entró en vigencia el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD). Este marco jurídico diseñó la estructura y funcionamiento de las 24 Prefecturas, de los 221 Municipios y de las 821 Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador.

El COOTAD establece que los gobiernos locales tendrán 2 fuentes de ingresos para financiar sus gastos. La primera corresponde a las asignaciones mensuales que reciben del gobierno central y la segunda a la gestión de sus propias fuentes de ingresos (tazas, contribuciones e impuestos). Esta misma ley y por más de 15 años de vigencia estableció que; de los ingresos recibidos de parte del gobierno central, los gobiernos locales, deben invertir el 70 por ciento en obras y proyectos de inversión y el 30 por ciento en gasto operativo o administrativo.

En este contexto, hace pocos días la Asamblea Nacional aprobó la Ley para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados que obliga a los Municipios, Prefecturas y Juntas Parroquiales, a que la formula establecida para el gasto de las asignaciones del gobierno central se aplique a los ingresos obtenidos de las fuentes propias de financiamiento. Es decir, que a partir de febrero de 2026 la integralidad de los presupuestos de las Prefecturas, Alcaldías y Juntas Parroquiales deberá gastarse bajo el criterio del 70/30.

La vigencia de esta ley una vez más trae consigo; la necesidad de abrir un debate objetivo y responsable alrededor de 2 conceptos a la hora de gestionar los dineros públicos. El primero, tiene que ver con la eficiencia- que equivale a entender qué significa <<calidad de gasto>> y el segundo, la <<transparencia>> con la que se debe administrar el dinero público.

En ese contexto es preciso puntualizar algunas consideraciones que nos permitan disponer de los elementos de juicio para entender la relevancia de esta reforma legal.

1.         Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, entre enero y septiembre de 2025, los gobiernos locales dependieron entre un 36 y un 70 por ciento de las asignaciones del gobierno central. Si revisamos esos mismos datos, en el mismo periodo; descubrimos que las fuentes de financiamiento propias, de los gobiernos locales, cubrieron entre un 23 y un 60 por ciento de sus gastos de funcionamiento.

Es decir, la mayoría de gobiernos locales dependen de las asignaciones del gobierno central. Hecho que evidencia la incapacidad de estos, a la hora de gestionar los recursos provenientes de sus propias fuentes de ingreso.

2.         La discrecionalidad en la gestión de la autonomía administrativa para fijar los sueldos concentra disparidades incomprensibles. Por ejemplo, la Municipalidad de Otavalo con un presupuesto aproximado de 26 millones paga un sueldo de 4800 dólares a la alcaldesa. La municipalidad de Ibarra con un presupuesto anual de 100 millones de dólares, por concepto de remuneración mensual al alcalde, paga 3900 dólares. Estos 2 ejemplos reflejan la desproporcionalidad entre las responsabilidades administrativas, el tamaño de las municipalidades, las funciones que cumplen sus autoridades y las capacidades financieras de dichas instituciones.

3.         La mentada autonomía de los gobiernos locales les ha permitido incrementar el número de empleados municipales, movilizar a sus coidearios para enrolarlos en las nóminas municipales y pagarles onerosos sueldos. Por ejemplo, la actual administración Municipal de Otavalo a nombre de la entelequia denominada: <<reingeniería institucional>>-cosa que ni la propia alcaldesa sabe de lo qué se trata-organizó una nueva nómina municipal. Así, si en el 2022 los funcionarios municipales con rango ejecutivo ganaban 1600 dólares, en la nueva administración pasaron a recibir sueldos de entre 2100 y 2300 dólares. Algo adicional. Si a la fecha revisamos la nómina municipal del año 2022 y comparamos con la del 2026, descubriremos que en este periodo se crearon nuevos cargos con denominaciones que ni los mismos asalariados entienden qué funciones deben desempeñar en sus rimbombantes puestos. A todas luces, el abuso clientelar sobre los dineros públicos se institucionalizó para convertirse en una práctica con beneficios particulares.

4.         Las evidencias del derroche son tan grandes que los representantes de los Gobiernos Locales destinan millonarias cantidades de dinero para fiestas, compra de vehículos para su uso, remodelan oficinas, contratan consultorías inútiles, que en su conjunto implican cuantiosas cuentas económicas; en cuyo caso se desconoce cuál es la utilidad o rédito para los ciudadanos.

Esto deja claro que el manejo de los dineros en las cuentas de los Gobiernos Locales, no necesariamente son el resultado de la eficiencia a la hora de decidir en qué y para qué se gasta el dinero de todos. 

Por esa razón es oportuno que entendamos el tema con responsabilidad para dejar de ser presas de un clientelismo que protesta cuando le obligan a administrar con honestidad y guarda silencio cuando sus intereses particulares se mantienen intocables.