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Los sujetos de nacionalidad colombiana fueron detenidos durante un operativo liderado por Policía Nacional y Fiscalía, mientras se encontraban en un domicilio ubicado en el sector de la feria de vehículos. Los individuos intimidaban con armas de fuego a quienes no querían pagar las ‘vacunas’ y les amenazaban para que no les denuncien ante las autoridades.
En un contundente despliegue táctico, la Policía Nacional ejecutó hoy el operativo denominado “Atlas 32”. El objetivo principal de la intervención fue neutralizar las actividades ilícitas de grupos armados organizados que han intentado establecer asentamientos en Imbabura. Tras semanas de inteligencia y gracias a la cooperación de fuentes humanas, se identificó un punto crítico en el sector de la feria de vehículos de Ibarra.
En coordinación directa con la Fiscalía General del Estado, las unidades tácticas realizaron un allanamiento estratégico en un inmueble donde, presuntamente, operaban ciudadanos extranjeros vinculados a la organización delictiva “Los Lobos”. Esta célula criminal estaría dedicada principalmente a delitos conexos como la usura (préstamos ilegales) y la extorsión, afectando la tranquilidad de comerciantes y ciudadanos del sector.
Perfil de los detenidos y evidencias
Durante la incursión, los uniformados lograron la captura de dos ciudadanos, quienes fueron puestos de inmediato a órdenes de las autoridades competentes: Steven M., quien registra un historial delictivo, ya que en 2025 fue procesado por delitos de intimidación y robo, lo que sugiere una reincidencia en actividades violentas dentro de la zona; y Jhon V. quien, según investigaciones preliminares, formaría parte del brazo logístico de la mencionada banda criminal.
El registro minucioso del lugar permitió el levantamiento de indicios que ratifican la peligrosidad de la organización y el volumen de sus operaciones económicas ilegales. Entre lo incautado destaca: un arma de fuego tipo revólver calibre 38, presuntamente utilizada para amedrentar a las víctimas de extorsión; nueve celulares que serán sometidos a peritaje forense para rastrear conexiones con otros miembros de la estructura criminal; 13.655 dólares que no pudieron ser justificados y que se presume proviene del cobro de intereses usureros y «vacunas»; además de 85 fundas que contienen sustancias sujetas a fiscalización, listas para ser distribuidas en el mercado local.
