El CPCCS solicitó a la Corte Nacional de Justicia completar la terna para el Consejo de la Judicatura, tras determinar que dos postulantes incurren en prohibiciones legales. El proceso continuará una vez que se remita la lista corregida.

El pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social solicitará al presidente de la Corte Nacional de Justicia que complete la terna para la selección de vocales del Consejo de la Judicatura, debido a que, en un informe aprobado, se determinó que dos integrantes de la terna incurren en prohibiciones legales.
La Comisión Técnica de Selección remitió un memorando, con fecha 23 de marzo, mediante el cual envió el informe de revisión de requisitos y prohibiciones dentro del proceso de designación de los vocales principal y suplente del Consejo de la Judicatura, correspondiente a la terna remitida por la Corte Nacional de Justicia.
Mishel Enríquez, vicepresidenta del CPCCS, señaló que el pleno conoce el informe de revisión de requisitos y prohibiciones remitido por la Comisión Técnica de Selección dentro de este proceso de designación, por lo que indicó que se debe actuar con apego al principio de legalidad. Es decir, no se puede suspender ni alterar el desarrollo del concurso sin una disposición expresa de la autoridad competente, lo cual -añadió- no existe.
En dicho informe se concluyó que solo Mercedes Caicedo cumple íntegramente los requisitos y no se encuentra incursa en prohibiciones.
Mientras tanto, María Fernanda Morejón y Óscar Chamorro incurren en prohibiciones determinadas en los cuadros de verificación contenidos en el informe. Morejón registra un impedimento laboral, mientras que Chamorro, presuntamente, registra una responsabilidad civil culposa certificada por la Contraloría General del Estado.
El informe fue aprobado con los votos de Jazmín Enríquez, Roberto Gilbert, Johanna Verdezoto y Andrés Fantoni. El consejero David Rosero se abstuvo, mientras que Piedad Cuerán y Nicole Bonifaz votaron en contra.
Por su parte, la consejera Bonifaz advirtió que la justicia constitucional aceptó la acción de hábeas data presentada por Alexandra Villacís, vocal suplente del Consejo de la Judicatura, y dispuso la rectificación de la base de datos del Servicio de Rentas Internas, en la que constaba un impedimento laboral. Señaló que dicha sentencia ya ha sido notificada, por lo que —indicó— se pone a prueba la credibilidad del Consejo.
Villacís, en un comunicado, señaló que una jueza de la Unidad Judicial de Quito, provincia de Pichincha, aceptó la acción de hábeas data y determinó que el Ministerio del Trabajo mantuvo información errónea al registrar un impedimento laboral basado en una deuda inexistente, vulnerando su derecho a la rectificación.
Sin embargo, en el Ministerio del Trabajo aseguró se incumple la sentencia, pues no se ha rectificado el registro, no se ha emitido el nuevo certificado ni se han ofrecido disculpas públicas, pese a la orden expresa de ejecución inmediata.
Pese a ello, el pleno del Consejo notificará, en el término de dos días, al presidente de la Corte Nacional de Justicia para que, en un plazo de cinco días, complete la terna, debido a que dos profesionales se encuentran incursos en causales de prohibición e inhabilidad.
Una vez que se cuente con la terna completa, esta será remitida de manera íntegra a la Comisión para que proceda con la designación de los vocales principal y suplente del Consejo de la Judicatura.

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